Martes, 25 de agosto de 2009

El pasado domingo, en su programa Aló Presidente, Hugo Chávez dijo indignado que la meta de Uribe es impedir que el chavismo llegue a Colombia: “La burguesía colombiana no quiere que la palabra mía llegue al pueblo, tiene miedo de que la palabra de Chávez sea oída por el pueblo de Colombia…Por eso nos satanizan tanto.”

Chávez luego le ordenó a su ministra de Información, Blanca Eckhout, hacer todo lo necesario para que sus planteamientos se difundan en Colombia. Y para lograrlo propuso “utilizar a nuestros amigos y aliados en Colombia, que son muchos.” Tuvo la prudencia de no mencionar a las FARC, pero sí mencionó entre esos amigos colombianos al partido opositor Polo Democrático.

Previsiblemente, estas declaraciones causaron revuelo en Bogotá. El gobierno colombiano emitió un comunicado rechazando las pretensiones de “expansionismo” de Venezuela. El canciller Jaime Bermudez dijo que Colombia llevaría el tema al Consejo Permanente de la OEA. Varios senadores del Polo Democrático se vieron obligados a desvincularse públicamente de las declaraciones de Chávez y a asegurar que no reciben órdenes del gobierno venezolano.

Hace varios meses Jorge Londoño, director de Gallup Colombia, me sorprendió diciéndome que un elemento que fortalece el apoyo que tiene Uribe para otra reelección es el temor de muchos colombianos a que un candidato chavista llegue a Casa de Nariño.

Si lo que dice Londoño es cierto, Chávez podría estar ayudando a Uribe en un momento clave.

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Domingo, 23 de agosto de 2009

Sonia Pérez (farabulla en twitter) leyó mis tres observaciones sobre José Miguel Insulza (Descifrando a Insulza) y me mandó esta entrevista que le hizo al secretario general de la OEA el periodista de Univisión, Jorge Ramos.

Las mejores partes de la entrevista son a partir de 4.03 en la primera parte (sobre Cuba) y a partir de 3.04 en la segunda parte (sobre Venezuela):

Dos observaciones:

1) Presionado por Ramos (porque a uno le da la impresion de que, de lo contrario, esas palabras no salieran de su boca), Insulza dice que Cuba no es un régimen democrático y dice que está a favor de promover la democracia tanto en Cuba como en Honduras.

No hubiese estado mal, sin embargo, que Insulza hubiese expresado esa misma opinión en las reuniones de presidentes que se realizaron apenas estalló la crisis hondureña, sobre todo en la de Managua, donde el secretario general escuchó a Raúl Castro doctorando sobre democracia.

A mí me hubiese bastado con escuchar: “Señores, debo recordarles que, así como estamos hoy defendiendo la democracia en Honduras, debemos defenderla en todos los países del hemisferio donde ella no exista o esté amenazada.” ¿Era acaso tan difícil manifestar al menos una ligera señal de incomodidad frente al discurso de Raúl Castro?

El mensaje de fondo de Insulza pareciera ser: “Mi rol no es de líder, ni de hacer todo lo posible para que se les apliquen los mismos estándares a todos los países de la OEA. Si los países miembros de la organización son hipócritas, a mí no me queda sino callar. Esa es mi labor como secretario general. Y esa es la única manera como puedo preservar mi cargo.”

2) La parte de Venezuela es la más reveladora de la entrevista. Insulza se rehusa a criticar los avances autoritarios de Chávez (que reconoció en un reunión privada con Teodoro Petkoff) y reduce el problema en Venezuela “a una oposición que grita y grita “fuera,” pero dentro no estuvo dispuesta a participar en la democracia.” Esto ya lo ha dicho antes. Hablando sobre el despojo de recursos y competencias por parte del gobierno a los alcaldes y gobernadores opositores que ganaron en las pasadas elecciones regionales, Insulza ha dicho que las leyes centralizadoras fueron aprobadas por el Parlamento. A Insulza no parece importarle mucho el hecho de que estas leyes son tremendamente arbitrarias e inconstitucionales. Tampoco que bandas armadas pro-gobierno tomaron la sede de la Alcaldía Metropolitana antes de que fueran promulgadas las leyes. Para él lo importante es que el Parlamento las aprobó.

Pero ¿por qué Insulza no aplica este mismo razonamiento en el caso de Honduras? ¿No “legitimó” el Congreso, la Corte Suprema y el Ministerio Público la expulsión del país de Manuel Zelaya? ¿Por qué en este caso la actuación del Parlamento no pesa?

Más sobre este tema:

• Textos relacionados del autor: Sinfonía de hipocresías y Descifrando a Insulza.

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Jueves, 20 de agosto de 2009

La semana pasada un grupo de simpatizantes del gobierno venezolano (entre los que se contaban empleados de una televisora oficial) agredió a un grupo de periodistas que repartían folletos en contra de la Ley Orgánica de Educación. La trifulca dejó a más de diez heridos, cuatro de los cuales fueron trasladados en ambulancia a un centro médico. Hay fotos y videos que registran claramente lo ocurrido.

¿Cuál fue la reacción de Hugo Chávez y la Fiscal General Luis Ortega Díaz?

Para Ortega Díaz los periodistas agredidos “actuaron más como voceros políticos que como periodistas, por lo que deben renunciar a sus cargos de periodistas.” Chávez, por su parte, dijo lo siguiente: “Hay focos de violencia que son preparados por la contrarrevolución. Hay hechos lamentables, como el ocurrido con los periodistas. Hay que entender, sin embargo, que ellos no andaban haciendo labor de periodistas, andaban en una marcha, con unas franelas, repartiendo unos volantes, haciendo actividad proselitista contra la Ley de Educación y, según tengo entendido, y hay hasta pruebas, provocando al pueblo.”

De estas declaraciones se desprenden dos conclusiones. 1) Los periodistas no tienen derecho a la protesta política pacífica. 2) Si alguien decide provocar al pueblo repartiendo folletos, el uso de la violencia para contrarrestar estas acciones es entendible, sino legítimo.

Por supuesto, nada de esto es nuevo. Cuando Lina Ron y el colectivo La Piedrita tomaron violentamente un centro cultural en enero, el ministro de Interior Tarek El Aissami dijo que “no se debía estigmatizar a La Piedrita.” Cuando la diputada oficialista Iris Valera le cayó a golpes al periodista Gustavo Azócar, la Asamblea Nacional emitió un comunicado expresando que “atacar a Iris es atacar a la revolución” y el congresista Earle Herrera dijo que Valera había “lavado su honor a puño limpio.” Cuando un grupo de simpatizantes del gobierno cayapeó al líder estudiantil Yon Goicoechea después de una conferencia sobre la reforma en el Pedagógico de Caracas, el diputado oficialista Roberto Hernández dijo “las informaciones que yo tengo es que estos estudiantes [que adversan la reforma] son provocadores y no tienen ningunos planteamientos serios y originan, naturalmente, esas reacciones.”

A este paso pronto las bandas gangsteriles pro-gobierno podrán violarse a cualquier mujer bajo el argumento de que fueron “provocados” por sus brazos descubiertos o sus faldas demasiado cortas.

Otros temas:

• Lea la última Tribuna, Bizarra normalidad.

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Martes, 18 de agosto de 2009

Refiriéndose a los lanzacohetes del ejército venezolano que la fuerza armada colombiana incautó a las FARC, el canciller de Brasil Celso Amorim dijo a principios de agosto que los misiles son “un episodio de un tamaño pequeñito en comparación con las bases.”

Estas declaraciones son francamente perturbadoras.

Es cierto que en ese momento Amorim quizá ignoraba que el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos no contempla la instalación de nuevas bases ni un aumento significativo de personal militar estadounidenses en Colombia. Bajo la ley norteamericana, Estados Unidos no puede tener más de 1400 contratistas y personal militar (600 y 800 respectivamente) en territorio colombiano y el año pasado el número de militares y contratistas apenas superaba un tercio de ese tope. También es cierto que Colombia y Estados Unidos han podido explicar mejor el acuerdo antes de que estallara la controversia y que, considerando la historia de intervenciones de Estados Unidos en la región, los presidentes latinoamericanos tienen razón en exigir mayor transparencia.

Pero nada de esto excusa la manera como Amorim –y el resto de los líderes de la región– minimizan la creciente evidencia de vínculos entre el gobierno venezolano y las FARC.

Hace unos meses, a mediados de abril, la policía boliviana mató en un hotel en Santa Cruz a tres personas que, según el gobierno de Evo Morales, conspiraban para derrocar al gobierno y asesinar al presidente. Me pregunto cómo hubiese reaccionado la región si en la habitación donde pernoctaban los tres sospechosos la policía hubiese encontrado armas con el sello de la fuerza armada de Estados Unidos. Me pregunto qué hubiesen dicho si un país como Suecia luego confirma que las armas incautadas a los conspiradores fueron vendidas por una compañía sueca al gobierno estadounidense. Y me pregunto si hubiesen sido tolerantes con Estados Unidos si el episodio hubiese sido un indicio más entre muchos de vínculos entre el gobierno norteamericano y fanáticos ideológicos que buscan derrocar violentamente a un gobierno democrático.

Me atrevería a asegurar que la reacción de los líderes de la región ante este episodio de “tamaño pequeñito” hubiese sido mucho más ruidosa que la algarabía que se armó por el asunto de las bases.

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