La Piedrita

Martes, 17 de marzo de 2009

Un Dios con fusil

El colectivo La Piedrita fue fundado hace 23 años y es uno de los cinco grupos civiles armados que operan en el barrio 23 de enero. El grupo –que tiene entre treinta y cincuenta miembros– controla un área de casas humildes en donde viven unas tres mil personas. Su líder es Valentín Santana.

La Piedrita tiene dos misiones. La primera es social. En la zona que controla, el colectivo organiza todo tipo de actividades para ocupar a los jóvenes y alejarlos de las drogas, labor con la que el grupo ha ganado respeto en su comunidad. La segunda misión es efectuar ataques contra “objetivos militares” que ellos consideran “contrarrevolucionarios.”

En 2008 La Piedrita realizó más de una docena de ataques a reconocidos líderes o instituciones de oposición, o vinculadas con la oposición, incluyendo el Arzobispado de Caracas, el canal Globovisión, las sedes del partido COPEI y del diario El Nuevo País, y las residencias de la periodista Marta Colomina y del director de El Nacional, Miguel Henrique Otero.

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El caso de Maraco

Domingo, 8 de marzo de 2009

22maraco320_noticias_5059El miércoles 21 de enero, tres días después de que Chávez ordenara a reprimir manifestaciones con “gas del bueno,” los estudiantes de oposición convocaron un acto en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello, al que asistieron cientos de jóvenes y varios medios de comunicación.

Un día antes los estudiantes habían marchado al Tribunal Supremo de Justicia para solicitarle a la máxima instancia judicial la apertura del registro electoral. Pero antes de llegar a la sede del tribunal la marcha fue violentamente disuelta en El Rosal por la Policía Metropolitana.

En medio del desorden la policía confiscó el camión de sonido que los estudiantes habían alquilado para la marcha, y el director de la PM, Carlos Meza, denunció que dentro del camión la policía había encontrado tres gaveras de bombas molotov, piedras y envases de gasolina. El motivo del acto de la UCAB era mostrar un video que probaba que la PM había sembrado las bombas molotov en el camión.

El acto lo presidió Ricardo Sánchez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. A través de una pantalla gigante, Sánchez mostró unas imágenes tomadas de un reporte de la televisora oficial VTV, en la que aparece Carlos Meza montado en el camión, llenando una botella de refresco con gasolina. Sánchez dijo que el video era una prueba de que la PM había puesto las bombas molotov en el vehículo: “Se pretende montar una olla para perjudicar al movimiento estudiantil.” Sánchez exigió al gobierno la destitución de Meza y pidió que se liberara inmediatamente a José Ramón Dacre (apodado “Maraco”), el chofer del camión de sonido que había sido detenido el día anterior por la PM.

Ese mismo día el gobierno respondió a la acusación de los estudiantes. El ministro de Comunicación e Información, Jesse Chacón, convocó a los medios para mostrar un video en el que aparece Meza montado en el camión enseñándole a los medios las bombas molotov. Hacia el final del video Meza hace una demostración de cómo iban a ser fabricadas las bombas, vertiendo él mismo gasolina en una de las botellas. Chacón dijo que en el video sin editar se ve claramente que Meza no estaba sembrando la evidencia, sino simplemente demostrando cómo se hacían las bombas. Luego acusó a los estudiantes de manipular y sacar de contexto las imágenes para incriminar a Meza.

Virginia Zamora, estudiante de la UCAB y miembro del Comando Angostura, reconoce que Ricardo Sánchez se equivocó diciendo en el acto que el video era una prueba de que las bombas habían sido sembradas por la PM. Dice que esas imágenes no prueban que la policía es culpable, pero aclara que tampoco demuestran que las bombas no fueron sembradas. Asegura que lo único que prueban es que Meza violó la ley manipulando la evidencia supuestamente encontrada en el camión.

Claudia Mujica, activista de derechos humanos y abogada de Maraco, subraya este punto. La abogada dice que la legislación venezolana establece claramente que si un funcionario que no sea del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas manipula evidencia incautada que puede tener relevancia penal, esa evidencia es nula y el funcionario es sometido a investigaciones. “Lo único que podía hacer la PM era acordonar el sitio del suceso, llamar al CICPC y resguardar el camión, pero bajo ninguna circunstancia podían manipular la evidencia”

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