Martes, 15 de diciembre de 2009

Hace una semana la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Estela Morales, declaró que “la división de poderes debilita al Estado” y por eso se debe reformar la Constitución. El domingo, en la última entrega de su columna Las líneas de Chávez (que casi nadie lee, incluyéndome), el presidente retomó el tema:

Es una gran verdad innegable la que anda por las calles y en la voz de nuestros compatriotas: ¡Aquí ahora sí hay Gobierno! Pero ello no basta si queremos tener República: el tiempo es propicio para que todos los poderes, liberados del lastre de su división –como consecuencia de una nefasta herencia que debemos superar más temprano que tarde– trabajen coordinadamente como lo exige el constitucionalismo popular que toma forma en Venezuela y en Nuestra América. Debe llegar el día en que la voz del pueblo pueda decir con plena certeza: ¡Ahora sí tenemos Estado!

Dos observaciones:

1) Una vez más se comprueba que Luisa Estela, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, es un títere de Chávez. Su declaración sobre la separación de poderes pudiese ser una asombrosa casualidad (un acto de adulación que milagrosamente coincidió con las ideas que, en las últimas semanas, circulan la cabeza del comandante), pero lo más probable es que Luisa Estela esté actuando como portavoz del mandamás.

2) ¿Qué estará cocinando Chávez? ¿Nos irá a sorprender con un anuncio antes, o durante, las vacaciones de diciembre, como ya lo ha hecho en otras ocasiones? ¿O vendrá el anuncio hoy mismo, en su discurso para celebrar el décimo aniversario de la Constitución? ¿Y cuál será el anuncio? ¿Un nuevo intento de reforma constitucional? ¿Una Asamblea Constituyente?

Por ahora algo está claro: la preocupación de Chávez con las elecciones legislativas de 2010 es cada vez más evidente.

Última hora: Chávez canceló su discurso en la Asamblea Nacional para ir a Copenhague.

(HT a Gustavo Tarre).

Textos relacionados del autor:

• Poder mítico.
• Chávez, Gramsci y el puntochavismo.

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Lunes, 14 de diciembre de 2009

Dejemos a un lado el hecho de que Hugo Chávez, en sus primeros diez años de gobierno (1998-2008), incluso antes de la elección de Rafael Correa, no expresó jamás preocupación sobre la base de Manta en Ecuador –una base que, a diferencia de las siete del acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia, era manejada por soldados norteamericanos.

Dejemos a un lado la arbitrariedad con que Chávez ha tratado este asunto, a veces olvidándose de las bases por varias semanas, para luego, de un día a otro, desplazar otra vez el tema al centro del debate con una declaración o acción intempestiva.

Dejemos a un lado el hecho de que la cooperación militar entre Washington y Bogotá no es nueva, y de que, independientemente de la tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela, la ayuda a Colombia hasta ahora ha tenido un objetivo que no tiene nada que ver con su enemistad con Chávez, en el sentido de que, hasta con un presidente aliado en Venezuela, esta ayuda existiría.

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Miércoles, 9 de diciembre de 2009

Hace aproximadamente una semana Lula dijo en la Cumbre Iberoamericana que no iba a reconocer al nuevo gobierno de Honduras. Unos días después la jefa de gabinete del gobierno brasileño (y delfín de Lula), Dilma Rouseff, declaró a la BBC que Brasil “consideraría” los comicios: “En Honduras no estábamos discutiendo las elecciones, estábamos discutiendo el golpe de Estado. Hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra…pienso que ese nuevo proceso (electoral) va a tener que ser considerado. Hubo una elección.”

Frente a estas señales contradictorias, el portavoz de la presidencia, Marcelo Baumbach, se vio obligado ayer a aclarar la posición del gobierno brasileño (cursivas mías): “Una cosa es lidiar con el hecho de que hubo elecciones y otra es reconocer la legitimidad de las elecciones,” dijo Baumbach. “Y por ahora, Brasil no reconoce la legitimidad.” Luego añadió: “La posición del presidente es clara. Brasil no reconocerá a un gobierno elegido en un proceso organizado por un gobierno ilegítimo.”

No sé si soy yo, pero la declaraciones de Baumbach me dejaron tan confundido como la contradicción entre el mensaje de Lula y Dilma. ¿Qué significa ese “por ahora”? ¿No refuerzan esas dos palabritas las declaraciones de Rouseff de que el proceso electoral iba a ser “considerado” porque “hubo una elección” con la que se tiene que “lidiar”? ¿Cuál es la diferencia entre lidiar con las elecciones y reconocer su legitimidad? ¿Aceptar que, aunque hubo un golpe y el desenlace de la crisis no fue ideal, no existe ahora una mejor alternativa que aceptar al nuevo gobierno?

Si es así, no veo una diferencia mayor entre la posición de Brasil y la de Canadá, Colombia, Costa Rica, Perú, Panamá y Estados Unidos. Afortunadamente, el tiempo despejará esta confusión mejor que Baumbach.

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Lunes, 7 de diciembre de 2009

Ya en junio de 2007 Hugo Chávez había expresado explícitamente su incomodidad con este concepto, cuando en un mitin, en medio de una confusa disertación sobre Gramsci, calificó como “grandes mentiras” la alternabilidad y la separación de poderes, conceptos fundamentales de la Constitución de 1999 que él mismo impulsó apenas ascendió al poder.

Y ese mismo año, en marzo, ya había soltado esta perla: “[Algunos] muchas veces logran neutralizar decisiones de la revolución a través de un juez o de un tribunal o hasta en el mismísimo Tribunal Supremo Justicia a espaldas del líder de la revolución, actuando por dentro en contra de la revolución. Eso es traición.”

Y antes de ascender al poder, en una de las ya célebres entrevistas que le hizo Agustín Blanco Muñoz, Chávez ya había esgrimido una elaborada defensa de la figura del caudillo/dictador: “Si toman consciencia real, se abstraen de su persona y ven el proceso desde lejos; si dedican su vida, su esfuerzo, a colectivizar a través de su poder mítico…se puede justificar la presencia del caudillo.”

Es decir, para ilustrar las dudas que tiene Hugo Chávez sobre la democracia liberal no sólo hay que examinar sus acciones, también sus palabras.

Por eso no me sorprendió que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, dijera el viernes que “la división de poderes debilita al Estado” y por eso se debe reformar la Constitución. En cualquier democracia avanzada estas palabras hubiesen sido motivo de escándalo. En Venezuela, no. Este tipo de declaraciones ya son parte de nuestra bizarra normalidad.

Sin embargo, una pregunta surge de estas declaraciones: ¿Por qué el gobierno, que controla ya todos los poderes, y cuya última maniobra fue nombrar inconstitucionalmente a dos incondicionales (Socorro Hernández y Tania D’ Amelio) como rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), necesita tener en papel lo que ya hace en la práctica y arriesgar así un deterioro aún mayor de su imagen internacional?

La respuesta es muy simple: Las elecciones legislativas de 2010. Porque, a pesar de los esfuerzos por asegurar el triunfo en estas elecciones con toda clase de trampas; a pesar de la abracadabrante ley de procesos electorales, que permite manipular las delimitaciones de las circunscripciones (ver artículo) y le otorga discrecionalidad al CNE en la regulación de las campañas electorales; a pesar del grosero ventajismo y discriminación que seguramente va a caracterizar la campaña electoral del año que viene, el gobierno se siente inseguro sobre los posibles resultados adversos de estos comicios.

Este anuncio de Luisa Estela es, en el fondo, una prueba de que en Venezuela todavía hay espacios de lucha democrática, por más pequeños que estos sean. Y de nosotros depende que no se sigan cerrando.

Textos relacionados del autor:

• Chávez, Gramsci y el puntochavismo.
• Bizarra normalidad.

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Viernes, 4 de diciembre de 2009

Unas cuantas reflexiones sobre los puntos que están al centro del debate sobre si reconocer o no las elecciones en Honduras.

1) Falta de una mejor opción. Este es quizá el principal argumento para reconocer las elecciones. Pues ¿qué otra opción realista hay? ¿Devolver a Manuel Zelaya al poder y organizar otro proceso electoral en cuatro o cinco meses? ¿Decirle al electorado de Honduras (cuyo nivel de abstención fue más o menos igual al de las pasadas elecciones) que su voto será anulado y que debe volver a votar en unos meses en un proceso cuyo resultado (presidencial) muy probablemente va a ser el mismo? ¿Y qué pasa si en estas segundas elecciones no ganan los mismos candidatos para alcaldes y diputados? ¿Alguien ha pensado en la crisis que esta situación crearía? No he escuchado a ninguna voz crítica planteando una alternativa realista al reconocimiento de las elecciones. Ni siquiera debatir si es una posibilidad real convencer al nuevo gobierno (que no es culpable de la expulsión de Zelaya) de que se debe repetir el proceso electoral bajo la autoridad del presidente depuesto.

Esto no quiere decir, sin embargo, que la comunidad internacional debe abandonar sus esfuerzos para que el presidente electo forme un gobierno de unidad nacional, considere la posibilidad de una Asamblea Constituyente y otorgue una amnistía a Zelaya (como los culpables del golpe no serán castigados bajo este gobierno, lo justo sería también absolver a Zelaya).

2) El argumento de Oscar Arias. Honduras es el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití. Como al resto de Centroamérica, la crisis económica mundial ha golpeado al país más fuerte que a otros países de la región. Las remesas provenientes de Estados Unidos, que son un cuarto del PIB, caerán alrededor del 12 por ciento este año. La economía podría contraerse en un 4.5 por ciento. Aproximadamente un 20 por ciento del presupuesto está conformado por la ayuda de Estados Unidos y la Unión Europea (congelada después del golpe). El domingo muchos hondureños probablemente acudieron a las urnas buscando una salida a la crisis política con la esperanza de una mejora económica. No es justo castigarlos prolongando las sanciones.

3) Aceptar los resultados es aceptar que los golpistas no serán castigados. Sí. Esa es la triste realidad. Y lo iba a ser también con el acuerdo de San José propuesto por Oscar Arias, pues éste proponía una amnistía para los protagonistas de la crisis, incluyendo Micheletti y Zelaya. El problema con este argumento es que flota en una esfera conceptual divorciada de la realidad política. El Congreso, el Tribunal Supremo y prácticamente todas las instituciones de Honduras apoyaron el golpe. Así Zelaya hubiese sido restituido, lo golpistas muy probablemente no hubiesen pagado por sus errores.

4) El reconocimiento deja un pésimo precedente sobre el compromiso hemisférico con la democracia. Me impresiona como, cuando se cita este argumento (sobre todo con relación a Estados Unidos), se eliminan todos los matices de la crisis. Es decir, aceptar el resultado de las elecciones equivale a ponerse del lado de Micheletti, aceptar un golpe de Estado y mandarle un mensaje a los demás golpistas que Estados Unidos aceptará asonadas militares. Reconocer las elecciones es visto por algunos como poco menos que un regreso a la época en que Estados Unidos apoyaba dictadores sólo para repeler la influencia de la Unión Soviética en la región (ver este artículo).

Lo cierto es que Estados Unidos condenó rotundamente el golpe. Luego hubo una presión real para que se restituyera a Zelaya. Se canceló ayuda para Honduras, se revocaron visas, se amenazó con no aceptar los resultados, etcétera. Según un reporte de prensa, Micheletti le dijo a un amigo que Hillary Clinton tenía un vocabulario limitado, pues lo único que sabía decir era “restitución de Zelaya.” ¿Se dejó manipular Estados Unidos con el acuerdo de Tegucigalpa-San José? Quizá. ¿Pudo ser la presion mayor o más efectiva? Quizá. Pero la culpa no debe recaer sólo en Estados Unidos. También en Brasil, México y la OEA (que cometió más errores que Estados Unidos durante la crisis).

Otra crítica común a Estados Unidos es que, reconociendo las elecciones, tomaron una decisión contraria a la de la mayoría de los países del hemisferio. Obama se comportó como Bush y le dio una patada al multilateralismo. Este argumento es injusto. Esta mayoría que se negó a reconocer las elecciones es la misma mayoría que, en la pasada Cumbre de la Américas, criticó agresivamente el embargo de Estados Unidos a Cuba sin siquiera hacer mención del tema de las faltas de libertades políticas y económica en la isla. Es también la mayoría que, en una reunión de UNASUR a finales de agosto, armó una algarabía por el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia sobre el uso de bases militares y no dijo nada sobre los lanzacohetes del ejército venezolano que la fuerza armada colombiana incautó a los terroristas de las FARC. Y es la misma mayoría que, poco después de que estallara la crisis en Honduras, escuchó en silencio a Raúl Castro doctorando sobre democracia.

A veces lo importante no es actuar en grupo, sino tomar la decisión correcta. Además, no estamos hablando de una invasión a Iraq. Se trata simplemente de darle el visto bueno a unas elecciones.

La opinión de otros blogueros y comentadores:

• Hondura’s democratic solution, editorial de The Washington Post
• Es hora de apoyar las elecciones en Honduras, Álvaro Vargas Llosa.
• The sham elections in Honduras, George Vickers.
• Case against rejecting the elections, Bloggings by Boz.
• 3 reasons not to recognize the Honduran elections, Adam Isacson.

Textos relacionados del autor:

• Los aspavientos de Lula.
• La pifia de Obama.
• ¿Sanciones económicas para Honduras?
• Sinfonía de hipocresías.
• Silencio en la Cumbre de las Américas.

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