Silencio en la Cumbre de las Américas

Lunes, 4 de mayo de 2009

El 13 de abril, en vísperas de la V Cumbre de las Américas, Estados Unidos dio un primer paso en lo que podría representar un giro importante en su política hacia Cuba. Cumpliendo una de sus promesas de campaña, el presidente Barack Obama ordenó el levantamiento de algunas restricciones a los viajes familiares de cubanoamericanos a la isla, así como la eliminación de las restricciones a las remesas. Obama también autorizó a las compañías de telecomunicaciones estadounidenses a trabajar con el gobierno cubano para ampliar las redes de cobertura en la isla. Según la Casa Blanca, la intención detrás de las medidas es no sólo restablecerle a los cubanoamericanos derechos fundamentales, también –y éste es un punto clave– fortalecer y brindarle apoyo a las corrientes democráticas dentro de la isla.

Durante la cumbre, unos días después, Obama hizo una segunda movida, cortésmente enfatizando que, después de las medidas tomadas por él, la pelota estaba en la cancha de Cuba. Mientras Obama participaba en reuniones con los otros mandatarios, varios altos funcionarios de su administración declararon a los medios que ahora le tocaba a Cuba hacer un gesto. Este punto fue subrayado por varios disidentes cubanos, incluyendo Elizardo Sánchez, que sensiblemente propuso que, en un gesto análogo, La Habana aplicara el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y permitiera a los cubanos entrar y salir libremente de la isla. También fue enfatizado por la fundadora de las Damas de Blanco, Miriam Leiva, que pidió al gobierno cubano que retribuyera un gesto como muestra de buena voluntad.

Quienes sí no le siguieron el juego a Estados Unidos fueron los mandatarios latinoamericanos. Obama quizá llegó a la Cumbre pensando que sus vecinos del sur reconocerían como un paso importante sus medidas de apertura hacia Cuba, y les pedirían un gesto a los hermanos Castro. Pero, si esa era su esperanza, Obama se quedó esperando. Porque ningún mandatario latinoamericano, sin excepción, dio una declaración pública pidiéndole un gesto a Cuba. Más aún, ninguno siquiera asomó el tema de las libertades políticas en la isla. Eso sí: casi todos le pidieron a Obama en público y en privado el levantamiento del embargo.

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¿Hacia una dictadura?

Viernes, 17 de abril de 2009

La semana pasada el congreso venezolano aprobó la ley de Distrito Capital, la última sarta de una cadena de vapuleos y atropellos que ha sufrido la alcaldía Metropolitana desde que la oposición la recuperó en las elecciones regionales de noviembre. La ley establece que la actual sede de la alcaldía –tomada desde diciembre por hordas chavistas con anuencia de la policía– será ahora la sede del jefe del Distrito Capital, una nueva figura designada por el presidente. También transfiere al Distrito Capital casi todo el presupuesto de la Alcaldía Metropolitana, lo que significa que posiblemente buena parte de los cuarenta mil empleados de la alcaldía quedarán sin trabajo. La ley es un paso más en el proceso de centralización que, en los últimos meses, ha despojado a alcaldes y gobernadores de muchas de sus competencias, incluyendo puertos, aeropuertos, autopistas, policías, líneas de transporte y hospitales.

En combinación con esta arremetida centralizadora, el gobierno también ha dado pasos firmes para criminalizar a la disidencia. El general Raúl Isaías Baduel, que pasó de ser “héroe” a “traidor” de la revolución por romper con el gobierno en 2007 y luego asumir una postura crítica, fue detenido “preventivamente” (todavía no se le han imputado cargos concretos) por supuesto enriquecimiento ilícito durante su gestión como ministro de Defensa. Cinco de los diez líderes más notorios e influyentes de la oposición están siendo asediados con investigaciones, incluyendo tres de los cinco gobernadores opositores y el editor del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, a quien recientemente se le acusó de no haber pagado impuestos de sucesiones. Algunos de estos líderes y sus familiares son espiados y vigilados día y noche por los servicios de inteligencia.

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Lula, Bachelet y Cuba

Miércoles, 1 de abril de 2009

chavez_morales_lula_raul_bacheletEl pasado diciembre Cuba fue admitida formalmente al Grupo de Río, un organismo internacional que realiza reuniones anuales entre los jefes de Estado y cancilleres de los países firmantes de América Latina y el Caribe. Para la ceremonia de admisión Raúl Castro viajó a Brasil, donde pudo escuchar a varios presidentes de la región despotricar contra Estados Unidos y pedir el levantamiento inmediato del embargo. Cristina Fernández, Evo Morales, Felipe Calderón, Hugo Chávez, Rafael Correa –todos dieron latigazos al embargo. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su esperanza de que el nuevo presidente de Estados Unidos levantara el bloqueo y dijo que Cuba “lo único que había hecho de malo era conquistar su libertad.” Al final de la cumbre, Raúl Castro declaró que salía de Brasil muy contento por el apoyo que había recibido Cuba por parte de todos los mandatarios.

La incorporación de Cuba al Grupo de Río fue seguida por una oleada de visitas de alto nivel a la isla, que incluyó a los presidentes de República Dominicana, Honduras, Panamá, Argentina y Chile. Al igual que en la cumbre de Brasil, ninguno de ellos asomó el tema de la falta de libertades políticas en Cuba, ni siquiera la presidenta chilena Michelle Bachelet, que fue torturada durante la brutal dictadura de Augusto Pinochet. Bachelet hizo durante su visita la protocolar crítica al embargo, que calificó –con razón– como una práctica comercial discriminatoria. Pero no tocó el tema de las políticas discriminatorias que impone el gobierno cubano dentro de la isla y se negó a reunirse con la disidencia por razones de “protocolo.” Más aún, el entonces canciller chileno Alejandro Foxley emitió un comunicado en el que expresó que la política exterior de su país se caracteriza por el respeto a la “diversidad política” y los “diferentes caminos del desarrollo.”

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La Piedrita

Martes, 17 de marzo de 2009

Un Dios con fusil

El colectivo La Piedrita fue fundado hace 23 años y es uno de los cinco grupos civiles armados que operan en el barrio 23 de enero. El grupo –que tiene entre treinta y cincuenta miembros– controla un área de casas humildes en donde viven unas tres mil personas. Su líder es Valentín Santana.

La Piedrita tiene dos misiones. La primera es social. En la zona que controla, el colectivo organiza todo tipo de actividades para ocupar a los jóvenes y alejarlos de las drogas, labor con la que el grupo ha ganado respeto en su comunidad. La segunda misión es efectuar ataques contra “objetivos militares” que ellos consideran “contrarrevolucionarios.”

En 2008 La Piedrita realizó más de una docena de ataques a reconocidos líderes o instituciones de oposición, o vinculadas con la oposición, incluyendo el Arzobispado de Caracas, el canal Globovisión, las sedes del partido COPEI y del diario El Nuevo País, y las residencias de la periodista Marta Colomina y del director de El Nacional, Miguel Henrique Otero.

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El caso de Maraco

Domingo, 8 de marzo de 2009

22maraco320_noticias_5059El miércoles 21 de enero, tres días después de que Chávez ordenara a reprimir manifestaciones con “gas del bueno,” los estudiantes de oposición convocaron un acto en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello, al que asistieron cientos de jóvenes y varios medios de comunicación.

Un día antes los estudiantes habían marchado al Tribunal Supremo de Justicia para solicitarle a la máxima instancia judicial la apertura del registro electoral. Pero antes de llegar a la sede del tribunal la marcha fue violentamente disuelta en El Rosal por la Policía Metropolitana.

En medio del desorden la policía confiscó el camión de sonido que los estudiantes habían alquilado para la marcha, y el director de la PM, Carlos Meza, denunció que dentro del camión la policía había encontrado tres gaveras de bombas molotov, piedras y envases de gasolina. El motivo del acto de la UCAB era mostrar un video que probaba que la PM había sembrado las bombas molotov en el camión.

El acto lo presidió Ricardo Sánchez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. A través de una pantalla gigante, Sánchez mostró unas imágenes tomadas de un reporte de la televisora oficial VTV, en la que aparece Carlos Meza montado en el camión, llenando una botella de refresco con gasolina. Sánchez dijo que el video era una prueba de que la PM había puesto las bombas molotov en el vehículo: “Se pretende montar una olla para perjudicar al movimiento estudiantil.” Sánchez exigió al gobierno la destitución de Meza y pidió que se liberara inmediatamente a José Ramón Dacre (apodado “Maraco”), el chofer del camión de sonido que había sido detenido el día anterior por la PM.

Ese mismo día el gobierno respondió a la acusación de los estudiantes. El ministro de Comunicación e Información, Jesse Chacón, convocó a los medios para mostrar un video en el que aparece Meza montado en el camión enseñándole a los medios las bombas molotov. Hacia el final del video Meza hace una demostración de cómo iban a ser fabricadas las bombas, vertiendo él mismo gasolina en una de las botellas. Chacón dijo que en el video sin editar se ve claramente que Meza no estaba sembrando la evidencia, sino simplemente demostrando cómo se hacían las bombas. Luego acusó a los estudiantes de manipular y sacar de contexto las imágenes para incriminar a Meza.

Virginia Zamora, estudiante de la UCAB y miembro del Comando Angostura, reconoce que Ricardo Sánchez se equivocó diciendo en el acto que el video era una prueba de que las bombas habían sido sembradas por la PM. Dice que esas imágenes no prueban que la policía es culpable, pero aclara que tampoco demuestran que las bombas no fueron sembradas. Asegura que lo único que prueban es que Meza violó la ley manipulando la evidencia supuestamente encontrada en el camión.

Claudia Mujica, activista de derechos humanos y abogada de Maraco, subraya este punto. La abogada dice que la legislación venezolana establece claramente que si un funcionario que no sea del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas manipula evidencia incautada que puede tener relevancia penal, esa evidencia es nula y el funcionario es sometido a investigaciones. “Lo único que podía hacer la PM era acordonar el sitio del suceso, llamar al CICPC y resguardar el camión, pero bajo ninguna circunstancia podían manipular la evidencia”

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