Miércoles, 8 de febrero de 2012
Últimamente le he dedicado tiempo al tema del ventajismo y me gustaría abordar otra dimensión de este problema: la asignación ilegal de contratos no a la gente más capacitada, sino a los amigotes. La lógica es simple: “Yo te asigno esta obra o contrato público a tí, te doy mucho más dinero de lo que cuesta, tú te encargas de hacerla y me das (o yo me quedo) una parte de las ganancias.” Con frecuencia el amigote no tiene la habilidad de llevar a cabo el proyecto y subcontrata, inflando el costo de toda la operación (costo adicional=corrupción + subcontratación). Peor aún, la subcontratación a veces se le da a un incompetente que hace la obra mal y entonces hay que volverla a hacer o arreglarla al poco tiempo. Y en muchos casos la obra no se termina o no se comienza.
Esto es una práctica que antecede a Chávez y no excluye a la oposición. Pero durante la última década ha llegado a extremos nunca antes vistos por la combinación de erosión de mecanismos ya débiles de fiscalización con el mayor boom petrolero de la historia de Venezuela (más de 600 mil millones en los últimos trece años). De ese boom, a la oposición le llega una porciúncula si se le compara con las cantidades que maneja el gobierno.
Dos ejemplos, el primero de Simón Boccanegra:
Casi nadie sabe que detrás del Panteón Nacional se está construyendo un panteón particular para Bolívar. La obra está a cargo de la Oficina para Planes y Proyectos Especiales de la Presidencia de la República (OPPE), ahora convertida en Fundación, con la sigla FOPPE. Esta oficina está en manos de Farruco Sesto y el director de la ejecución de sus obras es el arquitecto Lucas Pou Ruan, no sólo amigo sino socio de Farruco desde hace años, en la firma “Sesto y Pou Consultores”, de la cual forma parte también Carlos Pou, hermano de Lucas. Esta empresa fue encargada de varios proyectos de construcción durante los primeros años del régimen. Posteriormente la firma fue disuelta y en su lugar apareció la contratista “Opus 18 Desarrollos C.A.”, cuyos socios principales son, mire qué casualidad, los hermanos Lucas y Carlos Pou. “Coincidencialmente”, esta empresa asumió la construcción de la Villa del Cine, en Guarenas, otorgada a dedo por el ministro Farruco Sesto a sus socios, con el argumento cínico de que tratándose de “una obra artística no era necesaria ninguna licitación”.
Recientemente, con motivo del bicententario del 19 de Abril, fue erigido en la plaza de San Jacinto un horrendo obelisco de 48 metros de altura. Chávez encargó de la obra a la FOPPE. ¿Quién levantó ese bodrio escultórico? Pues, mire qué nueva casualidad, aunque nunca se mencionó el nombre de la empresa constructora ni el costo de la plasta, quien declaró sobre ella, exponiendo todos sus detalles y “méritos” artísticos, fue el caballero Lucas Pou, directivo de la FOPPE, socio de Farruco.
El segundo ejemplo es de una entrevista que le hizo Mirtha Rivero a Beatriz Rangel, ministra de la Secretaría de CAP II. Da una idea de la magnitud del problema:
Fue entonces cuando llegó el ministro de Transporte y Comunicaciones, Roberto Smith, con la buenísima noticia de que, luego de una revisión exhaustiva del registro de contratistas, se había encontrado que de los aproximadamente treinta y cinco mil inscritos -no recuerdo exactamente la cifra- solamente unos quince mil cumplían con los requisitos. Es decir, un poco menos de la mitad cumplía con las exigencias técnicas, financieras y legales. El resto estaba registrado pero no se sabía porqué…¿Quiénes eran esos veinte mil que no cumplían? ¿De dónde salían esas compañìas? Eran la típica compañiíta de un señor que era amigo de un político y el político le conseguía que lo metieran en el registro de contratistas y le asignaran una obra. Por supuesto, el señor de la empresita pico y pala no tenía ninguna capacidad de hacer la obra que le mandaban, pero la subcontrataba a una de las grandes. Pero cuando se subcontrata, veinte por ciento del dinero se pierde, otro veinte por ciento se le da al político que había conseguido el contrato, y al final había que ejecutar una obra con sesenta por ciento de lo presupuestado. Por supuesto que por eso en Venezuela nunca se terminaba una obra.
Si en esa época de CAP II, de bajos precios petroleros, el registro de contratistas de un sólo ministerio tenía treinta y cinco mil inscritos (de los cuales veinte mil no estaban calificados), ¿a cuanto habrá ascendido esa cifra de parásitos durante la era de Chávez? ¿Cuántas “compañiítas” de esas que menciona Rangel habrá creado la revolución considerando no sólo el ingreso sideral de la última década (10 veces mayor al promedio de los años 90), sino también el hecho de que hoy existen muchos menos controles y la nomina estatal se ha inflado? ¿A cuántos de esos contratistas de ministerios, gobernaciones y alcaldías le conviene económicamente que Chávez permanezca en el poder? ¿Cuántos no votarán por la oposición por el temor a perder contratos que, ellos bien saben, jamás ganarían sin amigotes ni conexiones? ¿Y no motiva la mala situación económica del país este tipo de comportamiento? ¿Saber que, sin ese contratito, sin ese amigo en el ministerio, no son muchas las opciones de éxito y manutención?
Ya lo he dicho: los que siguen achacando la popularidad de Chávez principalmente a la incompetencia de la oposición delatan ignorancia sobre la magnitud del ventajismo oficial y los logros de la alternativa democrática.
La narrativa importante no es la incapacidad de la oposición; es que exista una posibilidad de sacar a Chávez en 2012 a pesar del desnivelado terreno electoral.
Los factores que explican este fénomeno son los que merecen cuestionamiento.
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Benedict Mander en el blog Beyond Brics del FT:
