Martes, 15 de junio de 2010
En un ensayo reciente sobre Cuba publicado en The New York Review of Books, Nik Steinberg y Daniel Wilkinson de Human Rights Watch se plantean varias preguntas importantes: ¿Cómo se explica que Fidel y Raúl Castro, después de cincuenta años en el poder, sigan contando con gente que los apoya y los defiende? ¿Cómo se explica que la comunidad internacional no condene con mayor vehemencia los terribles abusos a los derechos humanos de la dictadura? ¿Qué explica la falta de solidaridad mundial hacia las víctimas de un régimen policial que niega las libertades más fundamentales, incluyendo el acceso a Internet, la libertad de viajar fuera del país o el derecho a expresar opiniones críticas del gobierno? ¿Qué explica la simpatía por un régimen que considera un crimen con pena de cárcel leer un diario como The New York Times o repartir copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
Para responder estas preguntas Steinberg y Wilkinson tienen un argumento interesante. En primer lugar comienzan describiendo la manera como reaccionó la dictadura cubana a un reporte de Human Rights Watch sobre la violaciones a los derechos humanos en la isla. El reporte, cuya elaboración tomó varios años y documenta rigurosamente, y con lujo de detalles, los abusos del régimen, fue declarado “ilegal” por las autoridades cubanas y descrito como parte de una campaña para “socavar” el derecho a la “libre autodeterminación y la igualdad soberana” de Cuba. La reacción, dicen los autores, no fue sorpresiva. Invocar el argumento de la soberanía o el de la agresión externa es lo que normalmente hacen los regímenes autoritarios para justificar sus actos represivos. En la primavera negra de 2003, en la que fueron detenidos (y luego sentenciados a un promedio de 19 años de cárcel) 75 disidentes cubanos, la dictadura acusó a los activistas de haber sido parte de una estrategia de subversión contra Cuba concebida, financiada y dirigida desde el exterior con la activa participación de la Sección Consular de Estados Unidos en La Habana. Es decir: con los arrestos el gobierno cubano dijo estar simplemente defendiendo su soberanía.
