Sabado, 15 de agosto de 2009
Aunque ha sido “por ahora” engavetado, el proyecto de Ley contra Delitos Mediáticos, presentado al Congreso por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, debe ser visto como una seria amenaza a la libertad de expresión en Venezuela. Las definiciones de “delito mediático” y “medio de comunicación” son tan amplias y poco específicas que acciones inofensivas podrían ser penalizadas. Cualquier denuncia podría ser interpretada como un atentado contra la paz social, el orden público o la salud mental. Cualquier crítica al gobierno podría ser vista como una acción para promover el odio, la hostilidad y la violencia. Incluso la omisión voluntaria de informaciones –que a veces es difícil de separar de la incompetencia y la flojera– podrían ser castigadas con varios años de cárcel.
En su discurso en la Asamblea Nacional la Fiscal General defendió el proyecto de ley citando la Constitución, leyes internacionales y una sentencia del Tribunal Supremo. Varias veces tuvo que hacer pausas porque los aplausos de los diputados al final de sus frases no la dejaban seguir. Sus argumentos eran rencorosos, vengativos, fanfarrones, repletos de sofismas y contrarios a los más elementales principios democráticos. Pero Ortega Díaz los esgrimió con naturalidad. La Fiscal General hablaba como si se tratara de cualquier debate legítimo de ideas, y no de una apasionada defensa de una ley totalitaria.