Lunes, 10 de agosto de 2009
En un artículo publicado en El País de España el ex canciller e intelectual mexicano Jorge Castañeda hace dos observaciones interesantes sobre la crisis en Honduras.
En primer lugar, Castañeda señala que el argumento de que un gobierno de facto no puede organizar elecciones legítimas es absurdo. Castañeda cita las transiciones democráticas en España (1977), Chile (1989), Polonia (1989) y Sur Afríca (1994) para ilustrar su punto. Yo añadiría la siguiente pregunta: si Raúl Castro decide celebrar elecciones presidenciales libres en noviembre, ¿a quién en su sano juicio se le ocurriría decir que las elecciones no son legítimas?
En segundo lugar, Castañeda señala que no es necesariamente hipócrita proponer sanciones económicas fuertes para Honduras y al mismo tiempo oponerse al embargo estadounidense a Cuba, pues en el caso hondureño -a diferencia del cubano- las sanciones podrían dar resultados. Sin embargo, Castañeda dice que las sanciones sólo serían admisibles “si se establecen líneas directrices muy claras en cuanto a su duración, su aplicación a otros casos, y el compromiso muy firme…de recurrir a medidas semejantes en situación semejantes.”
En esto también concuerdo con Castañeda, aunque creo que hace falta hacer una acotación. Las sanciones, de ser aplicadas, deberían ser levantadas apenas se celebren las elecciones en noviembre. Esto significa que el gobierno de facto sólo tiene que soportar tres meses (probablemente menos) la presión de las sanciones. Existiendo esta posibilidad real de que las sanciones no funcionen, ¿tiene sentido aplicarlas y darle ese golpe a la economía hondureña?
El tiempo corre, y cuanto más tiempo transcurra, menos sentido tiene aplicarlas porque más aumentan las posibilidades de que el único efecto que tengan sea emprobrecer un país ya de por sí pobre.
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