Jueves, 3 de mayo de 2012

Hace unos años José Miguel Insulza pegó el grito en el cielo cuando Estados Unidos decidió suspender a Bolivia del ATPDEA, un esquema de preferencias arancelarias a cambio de colaboración en la lucha contra las drogas.

Yo, en el momento, critiqué la medida de Estados Unidos.

Pero me sorprendió la vehemencia de Insulza. Estados Unidos podrá haber actuado con torpeza, pero yo hubiese esperado esa reacción de cualquier país. Después de todo, la medida fue una reacción a la decisión de Evo Morales de expulsar a la DEA y a funcionarios de USAID de Bolivia.

Si el ATPDEA consistía en el intercambio de preferencias arancelarias por colaboración en la lucha antonarcóticos, ¿no era previsible que EEUU se saliera del acuerdo con la decisión de Morales de no colaborar?

Más aún: un poco antes una horda de simpatizantes del gobierno boliviano atacó la embajada de Estados Unidos en La Paz y Morales prácticamente aplaudió la agresión. Sólo imagínense qué diría Insulza si una horda de republicanos hubiese hecho lo mismo con la embajada de Bolivia en Washington y George W. Bush los hubiese felicitado.

Hago este comentario porque uno pensaría que el posible retiro de Venezuela de la CIDH concierne a Insulza más que el ATPDEA. Ya han pasado cuatros días desde el anuncio de Chávez e Insulza sigue desaparecido, al menos en Google News.

Insulza, sin embargo, no es el único que ha guardado silencio. De todos los gobiernos del hemisferio, sólo uno se ha pronunciado. Peor aún: hoy el canciller venezolano, en una reunión de UNASUR con ministros de todos los países miembros, sugirió crear una comisión de derechos humanos bajo el paragua de la CELAC. Nadie criticó a Venezuela.

No sé si la CIDH y la Carta Democrática Interamericana son totalmente inútiles como mecanismos de presión para que los países respeten principios democráticos. Pero para presionar a Chávez, y a sus socios del ALBA, no ha servido para nada.

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Miércoles, 2 de mayo de 2012

Vea este gráfico, cortesía de PFC Energy:

Y menos mal que el gráfico no muestra el espacio para crecer en producción que tiene Venezuela versus los demás países. Sería demasiado deprimente.

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Miércoles, 2 de mayo de 2012

En el NYT Luisita López Torregrosa publicó un artículo sobre cómo se ha progresado en la igualdad de géneros en América Latina.

Entre los países que la periodista destaca, ninguno ocupa más espacio que Cuba:

Perhaps Cuba is a bigger surprise. The U.N. Women study ranks the island No. 3 in the world in the percentage of women in the legislature (the United States ranks No. 78). Cuba is also among the 30 countries, including Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Ecuador and Guyana, where women make up 30 percent or more of their legislatures (unicameral parliaments or lower houses). Cuban women make up 41 percent of the Communist Party and 45.2 percent of the National Assembly.

Y luego:

“What fostered change was a political commitment that incorporated women’s rights into the broader Cuban revolution, and investments in literacy and public health that produced significant improvements for women after 1959,” said Sarah Stephens, the director of the Center for Democracy in the Americas , a research and advocacy group that opposes the U.S. embargo of Cuba and proposes new policies intended to foster normal relations. “The status of Cuban women over the last 50 years has seen some pretty big changes.”

Bien. Tratemos de hacer una analogía para ilustrar porque Cuba no merece el tono congratulatorio de la nota. O, dicho de otro modo, porque este artículo revela una exasperante falta de criterio.

Imaginemos una universidad donde las autoridades se han cerciorado de que el estudiantado tenga el mismo número de hombres y mujeres. Pero imaginemos que en esa misma universidad se restringe fuertemente Internet; se prohibe la lectura de un extenso catálogo de libros; se considera un crimen difundir periódicos como el NYT o el WSJ o informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch; se prohibe viajar a otros países; y hasta hace poco hubo incluso una prohibición para impedir el uso de computadoras personales y teléfonos celulares. ¿Preferiría Luisita Pérez Torregrosa estudiar en esa universidad o en una universidad sin estas restricciones donde las mujeres sólo conforman el 30 por ciento del estudiantado?

Es decir, de nada sirve que un país racista permita a los negros sentarse en la parte de adelante del autobús si todos los habitantes del país son tratados como negros.

Alguien debe informarle a la periodista que ninguna mujer en Cuba tiene el lujo de leer fácilmente en Internet su artículo sobre los increíbles avances en la igualdad de géneros en la isla.

Y que los hombres tampoco puedan no es una consolación.

PD: A Greg Weeks también lo sorprendió esta nota, pero en su blog se enfocó en la “evidencia” que López Torregrosa decidió destacar de primero.

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Miércoles, 2 de mayo de 2012

Como ya he dicho, es ridículo pensar que los latinoamericanos se oponen a la legalización de las drogas porque son como niños idiotas que se dejan someter por sus amos del imperio.

Sí, es absurdo negar la existencia de poderosas fuerzas, presiones e intereses externos. Pero tan absurda es la tendencia a subestimar, si no ignorar completamente, los factores domésticos. En América Latina la clase gobernante no es inmune a las presiones electorales, los prejuicios, la desinformación y las creencias que impiden en Estados Unidos una discusión madura y abierta sobre posibles cambios de rumbo en la lucha antinarcóticos.

Un ejemplo reciente. Entre los precandidatos de oposición en Venezuela sólo Leopoldo López se mostró abierto a discutir diferentes alternativas al actual enfoque de la lucha antidroga. El resto rechazó sin ambages caminos que apuntaran hacia la legalización. ¿Por presión de EEUU? Difícilmente. En este caso la resistencia tiene exclusivamente causas internas, principalmente el rechazo casi reflexivo que provoca en mucha gente la idea de un mundo donde el consumo, la comercialización o la producción de droga es legal.

Miren, por ejemplo, lo que dicen diversas encuestas sobre este tema.

En EEUU casi la mitad apoya la legalización de la marihuana. En Canadá el 66 por ciento. En América Latina el apoyo es considerablemente menor. En Chile, el país latinoamericano donde la legalización de la marihuana es mejor vista, el apoyo es de apenas el 30 por ciento. En Argentina un 27 por ciento la apoya. En Mexico un 23. En Colombia un 13. En Perú un 11. En Bolivia un 10. Es decir, en los tres principales productores de cocaína del mundo  -Perú, Colombia, Bolivia- el apoyo a la legalización de la droga más blanda de todas no supera el 13 por ciento.

Por eso es previsible que los políticos, incluso los que tienen la mente más abierta, piensen dos veces antes de favorecer cambios que apunten hacia la legalización. Obama no es una excepción en el hemisferio por sucumbir ante este tipo de presiones electorales.

¿Por qué esto importa? Porque es mentira que los latinoamericanos no pueden hacer nada para tratar de cambiar el actual enfoque de la lucha contra las drogas. Si se unen como lo hacen en su condena contra el embargo o en su insistencia en incorporar a Cuba al sistema interamericano, el impacto podría ser poderoso. Pero para lograr esto tienen que estar primero convencidos ellos mismos de que un cambio es necesario (algo que no ha pasado), y de que vale la pena invertir, y posiblemente sacrificar, capital político en esta lucha.

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