La batalla por la reelección

Martes, 17 de febrero de 2009

En un acto público el sábado 17 de enero el presidente Hugo Chávez marcó con unas declaraciones el inicio de la etapa más violenta de la campaña electoral del referendo para aprobar o rechazar la propuesta de enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial indefinida. Visiblemente indignado, Chávez se quejó de que las fuerzas de seguridad no actuaban para reprimir manifestaciones violentas de estudiantes de oposición. Ordenó entonces que, de ahí en adelante, los brotes de violencia debían ser erradicados y encomendó a ministros y jefes policiales a “echarle gas del bueno” a los estudiantes. El mensaje no pudo ser más rotundo: “Si no se cumple con mi orden me raspo al que desobedezca; guarimba que pretenda montarse debe ser disuelta de inmediato, sin diálogo ni nada…métanle ballena, señores”.

Las declaraciones, en realidad, no desentonaron con la tradicional retórica altisonante de Chávez, que en meses electorales suele volverse más divisoria y agresiva. Los venezolanos ya están tan acostumbrados a las amenazas belicosas del presidente que uno de los principales diarios de oposición no reseñó el discurso en su portada. Durante la campaña Chávez ya había hecho declaraciones que, en cualquier democracia avanzada, hubiesen copado los titulares de prensa. En un mitin había asegurado que un rechazo a la propuesta de enmienda traería guerra y llenaría de sangre el país. En otro acto había dicho que la oposición en el poder era una garantía de odio y de muerte. Pero nunca antes había hecho un llamado público tan explícito a reprimir con gas a los estudiantes y amenazado a funcionarios de gobierno y fuerzas policiales con despedirlos si no se cumplía su orden.

El llamado fue como un toque de zafarrancho. Sólo en las siguientes dos semanas cuerpos de seguridad del Estado reprimieron manifestaciones –la gran mayoría pacíficas y todas de oposición– en al menos siete estados, utilizando bombas lacrimógenas y escopetas de perdigones. Una manifestación en una universidad del estado Anzoátegui dejó como saldo cuarenta estudiantes heridos, después de que la policía rompiera la ley violando la autonomía universitaria para dispersar la manifestación. Funcionarios policiales en el estado Monagas le dieron una paliza a un estudiante que lo mandó a terapia intensiva. En el estado Táchira un universitario fue detenido por la Guardia Nacional en una protesta y luego recibió un silletazo en un interrogatorio.

A todo esto se sumaron las acciones violentas de individuos y grupos armados pro-gobierno contra líderes opositores e instituciones asociadas con la oposición. Se lanzaron bombas lacrimógenas en la Nunciatura Apostólica y en la residencia del director de RCTV, Marcel Granier, ambos considerados “extrema derecha” por miembros radicales del chavismo. Se incendió la camioneta de un líder estudiantil opositor. Se lanzó una granada en la sede del partido Acción Democrática. Se intentó atropellar con un vehículo a un estudiante que marchaba por el No. Se agredió al ex ministro de Defensa chavista Raúl Isaías Baduel, convertido en un blanco favorito de grupos violentos desde que rompió con el presidente y pasó a ser un conspicuo opositor al régimen.

El 20 de enero un grupo armado comandado por la dirigente chavista Lina Ron disolvió en el Ateneo de Caracas un acto de Bandera Roja, partido de izquierda radical al que Ron considera “ultraderecha”. Gabriel Puerta, dirigente de Bandera Roja, cuenta que el grupo irrumpió en el acto disparando, lanzando bombas lacrimógenas y amenazando con quemar vivos a militantes del partido con yesqueros y aerosoles. Ron justificó la acción con la lógica impenitente y maniqueísta que caracteriza buena parte del discurso oficial. “Si ustedes [la directiva del Ateneo] permitieron la entrada y toma del centro por la ultraderecha, ustedes responden por esto…por órdenes mías el Ateneo será tomado por la revolución”. El presidente Chávez luego regañaría a Ron, diciendo que era una buena mujer pero que tenía que ser más disciplinada. Pero este regaño (que no fue más que un regaño) llegaría dos semanas después de la toma del Ateneo. La única reacción inmediata del gobierno ocurrió un día después del incidente, cuando el ministerio de Finanzas envió a la directiva del Ateneo una orden de desalojo.

La ola de violencia alcanzó su cenit a finales de enero, cuando un grupo de entre diez y quince personas asaltó una sinagoga en Caracas pocas semanas después de que el gobierno expulsara al embajador de Israel en Venezuela como gesto de protesta contra la ofensiva israelí en Gaza. Los bandidos irrumpieron en la noche en la sinagoga, ataron a los guardias de seguridad y violentaron puertas, gavetas y cajas de seguridad. También confiscaron el registro de miembros y donantes, destrozaron objetos de culto y escribieron en las paredes mensajes violentos y antisemitas como “Fuera judíos” e “Israel, malditos, muerte”.

El gobierno condenó el ataque y nueve días después autoridades policiales arrestaron a varios de los presuntos implicados. El ministro de Información, Jesse Chacón, hizo una importante y necesaria aclaración sobre la posición del gobierno; dijo que las críticas a la política exterior de Israel no debían confundirse con antisemitismo o con promoción de actos antisemitas. Pero miembros de la comunidad judía dicen que, si existe una confusión, el principal culpable de esta confusión es el gobierno. Resaltan que medios oficiales frecuentemente se desbordan a los arrabales del antisemitismo en sus críticas a Israel; que un moderador de la televisora estatal acusó a dos estudiantes “con apellidos judíos” de organizar manifestaciones violentas; que un columnista de una página de Internet pro-gobierno llamó a un boicot contra negocios judíos; y que Chávez mismo ha aliñado sus críticas a Israel con estereotipos comunes del discurso antisemita, como decir que los judíos son minorías que se han adueñado de la riqueza del mundo.

Varios encuestadores venezolanos sostienen que la ola de violencia auspiciada y permitida por el gobierno debe enmarcarse en una estrategia que ya varias veces le ha dado a Chávez réditos electorales. Esta estrategia consiste en polarizar a la población para aglutinar a sus seguidores, impedir posiciones matizadas (apoyo a Chávez pero no a la enmienda) y convertir el referendo en un plebiscito sobre él, que todavía tiene el apoyo de más del 50 por ciento del país. Pero Chávez explica de otra manera el repunte de violencia. Asegura retrecheramente que los violentos, y los que promueven la violencia, no son sus seguidores y él, sino los estudiantes de oposición, que siguen órdenes de la oligarquía venezolana y el imperio estadounidense. Son ellos los que están “incendiando calles y parques” y “buscando víctimas fatales”. Son ellos los que arremeten contra la policía y la Guardia Nacional en las manifestaciones, y los que buscan con esas acciones crear un clima de crispación que despeje el camino para un golpe de Estado como el de abril de 2002.

Las acusaciones de Chávez no son cien por ciento falsas. En algunas manifestaciones a favor del No algunos estudiantes se han dejado arrastrar a la calle ciega de la violencia. Pero estos incidentes son sorpresivamente ralos y aislados. Indicador notorio de la vocación pacífica del movimiento estudiantil es que, con todos los recursos con que cuenta el gobierno, no se ha presentado evidencia que compruebe que las acciones violentas en las marchas estudiantiles no son la excepción sino la regla.

En esta última campaña electoral, quizá la más ventajista de la historia del país, el gobierno hizo un solo intento serio de sustentar con pruebas sus denuncias contra el movimiento estudiantil. El 20 de enero el comisario de la Policía Metropolitana, Carlos Meza, enseñó a los medios un camión de sonido utilizado en una marcha estudiantil en cuyo interior la policía supuestamente encontró tres gaveras con bombas molotov. Sin embargo, sólo basta adentrarse un poco en el caso para dudar de esta acusación.

(continuará)

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