Martes, 2 de junio de 2009
En las últimas semanas el presidente Obama ha recibido críticas de lo más diversos sectores por sus políticas de seguridad nacional y defensa de los derechos humanos. Sectores conservadores lo acusan de tener una visión muy ingenua de la amenaza terrorista que pone en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. Algunos liberales lo acusan de vender sus ideales a los Republicanos y acoger las políticas antiterroristas de su antecesor, George W. Bush. Y otros más moderados lo acusan de envolver en una retórica de cambio lo que es, en esencia, la preservación de algunas políticas de Bush como el uso de comisiones militares para juzgar terroristas y de detenciones indefinidas sin juicio.
Obama también ha provocado críticas de distintos grupos por la manera como su equipo de gobierno aparentemente ha desplazado a los márgenes los temas de la democracia y los derechos humanos en las relaciones con China, Egipto y otros países autoritarios con los que Estados Unidos necesita estar de buenas. En un debate de radio que organicé sobre este tema, varios activistas de derechos humanos citaron como ejemplos las recientes visitas de Hillary Clinton a Egipto y Turquía, donde la secretaria de Estado evadió hasta donde pudo el tema de la falta de libertad en esos países para no incomodar a sus anfitriones. También recordaron la visita a China, en la que Clinton declaró que el debate sobre los derechos humanos “no podía interferir” en la búsqueda de soluciones a la crisis climática y económica. Y citaron el caso de Venezuela, donde en los últimos meses Hugo Chávez ha estado intimidando, persiguiendo y encarcelando a algunos de sus opositores bajo la mirada silenciosa de Estados Unidos. Según ellos el patrón es cada vez más claro: Obama camina en esa frontera donde el deseo a no querer ser visto como un líder imperial y arrogante comienza peligrosamente a confundirse con una tácita aceptación a prácticas represivas y antidemocráticas.
Los activistas de derechos humanos añaden que este argumento coge fuerza cuando se consideran algunas declaraciones que han dado sobre el tema asesores y funcionarios de la administración Obama. Un asesor presidencial dijo hace poco que, en contraste con Bush, Obama “hablará menos y hará más,” y aseguró que el presidente no se enfocará en dar discursos grandilocuentes y proponerse metas utópicas, sino en buscar silenciosamente resultados pequeños pero concretos. Otro asesor de Obama dijo que, aunque unos de los temas centrales de Bush fue la promoción de democracia, el ex presidente socavó ese esfuerzo con un tono demasiado estridente. El mensaje, me dice un activista, es cada vez más consistente y preocupante. “En su esfuerzo por desasociarse de Bush, Obama ha decidido reducir al mínimo las críticas públicas a las violaciones de los derechos humanos.”
¿Hay algo de cierto en estas críticas? En cuanto al difícil debate del equilibrio entre las libertades civiles y la seguridad nacional, pienso que algunas de las críticas que ha recibido Obama son válidas. Si bien es cierto que Obama tomó la admirable decisión de cerrar Guantánamo, prohibir la tortura, clausular las cárceles secretas y anular dictámenes jurídicos que interpretan torcidamente las convenciones de Ginebra, también es cierto que ha preservado algunos aspectos importantes de la política de seguridad nacional de Bush, incluyendo las comisiones militares y las detenciones indefinidas sin juicio de sospechosos de actividades terroristas. Aunque es verdad que Obama ha dicho que quiere someter estas detenciones indefinidas a un sistema de fiscalización judicial y parlamentaria, lo cierto es que el ejecutivo preservará amplios poderes que pueden ser fácilmente abusados no, quizá, por Barack Obama, pero sí por futuros presidentes con principios éticos menos resistentes a presiones políticas.
En cuanto al segundo punto, creo que los críticos de Obama tienen también algo de razón. No cabe duda de que la política de promoción de democracia de Bush fue un desastre porque fue percibida como deshonesta por el escándalo de Abu Ghraib, la guerra en Irak, Guantánamo y otra serie de errores. Algunos analistas dan en el clavo cuando dicen que el problema con la legacía de Bush es que su política de promoción de democracia estuvo tan entrelazada con la justificación de la invasión a Irak y la guerra contra el terrorismo que hizo que esta política fuese vista como hipócrita.
Ahora bien, el reconocimiento de esta verdad no nos debe llevar a pensar que el problema reside en el compromiso diplomático y público con la democracia y la defensa de los derechos humanos. Si Bush fue un fracaso como presidente no fue por sus grandilocuentes declaraciones de acabar con la tiranía durante nuestro tiempo, ni por la centralidad que tenía en su discurso el tema de la libertad. Lo fue porque, en boca de él, este mensaje sonaba hueco y carecía de legitimidad. Y cuando asesores del presidente dicen que Obama “hablará menos y hará más” y Hillary Clinton dice que no va a dejar que los derechos humanos entorpezcan las discusiones con China sobre las crisis económica y climática, están prácticamente endosando la idea bastante problemática de que el error de Bush no fue meramente el desfase entre su discurso y sus acciones, sino también la prioridad que se le dio en su discurso a la defensa de la democracia y los derechos humanos.
¿Por qué esta idea es problemática? Por dos razones. En primer lugar, no pareciera reconocer que, en materia de defensa de derechos humanos, las acciones y las palabras son parte de un tejido que no es siempre fácil de deshilar. El apoyo público de Estados Unidos y otros países a corrientes democráticas dentro de países autoritarios puede ser –y ha sido– una importante fuente de motivación y esperanza, así como una herramienta para prevenir medidas represivas como el arresto de disidentes o el cierre de medios u organizaciones no gubernamentales independientes. En el caso de Obama este argumento es mucho más poderoso porque éste goza de una alta popularidad y respeto internacional, así como de un excepcional talento retórico.
La segunda razón es más compleja. Es cierto que el tema de los derechos humanos puede entorpecer la búsqueda de soluciones a problemas de carácter global que ningún país puede solucionar sin la ayuda de otros países, muchos de ellos autoritarios. También es cierto que, siendo estas políticas de promoción de democracia a veces tan infructíferas, no es del todo irracional tomar la decisión de echar a un lado este objetivo para enfocarse en las áreas donde pueden lograrse resultados concretos a través del diálogo. Es cierto, también, que cada caso es distinto y que a veces ciertas realidades exigen graduar con extrema sutileza el grado de intensidad con que se presiona y critica a un régimen para que no incurra en prácticas represivas.
Sin embargo, también es verdad que relegar al fondo de la lista de prioridades el tema de los derechos humanos y la democracia es, incluso en términos pragmáticos, una política cortoplacista. Problemas globales como el terrorismo, el narcotráfico y el cambio climático son más fáciles de combatir en una comunidad democrática de naciones. La colaboración con China en temas ambientales –por dar sólo un ejemplo– sería mucho más efectiva si en este país hubiese una prensa más libre y dinámica que presionara al gobierno. Por esta razón el default de la política exterior estadounidense no debe ser analizar una situación para luego, de una manera “realista,” decidir si hacer presión o no para que se respeten los derechos humanos. Debe ser buscar maneras creativas de compatibilizar la presión y la crítica pública para que se respeten estos derechos con la colaboración en otros temas de importancia.
Hace unas semanas observé con suma admiración como Obama, después de las groseras diatribas contra su país de Daniel Ortega y Cristina Fernández en la Cumbre de las Américas, dio un discurso en el que, con su elegante virtuosismo retórico, logró conciliar diferentes objetivos de su política doméstica y exterior. En su intervención Obama compatibilizó su negativa a levantar el embargo –una medida impopular y unánimemente rechazada en América Latina– con un mensaje de acercamiento, humildad y de deseo de pasar la página para entrar en un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y América Latina. Hizo, además, algo que ningún otro país de la región se atrevió a hacer: manifestó públicamente que Estados Unidos no ignorará el tema de libertades políticas y económicas en Cuba.
Quizá fue la importancia electoral del estado de Florida lo que empujó a Obama a inmiscuir el tema de la falta de libertades en Cuba en su intervención. Pero, independientemente de la razón, el discurso fue una prueba de que la defensa pública de la democracia puede combinarse exitosamente con otros objetivos importantes de política exterior. Ojalá Obama haga lo mismo en su esperado discurso el próximo 4 de junio en Egipto, donde se verá otra vez en la difícil situación de hablar en un país con un gobierno aliado que no respeta los derechos humanos.
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