Miércoles, 27 de junio de 2012

A primera vista la reacción de la región a lo ocurrido en Paraguay ha sido buena. En la destitución de Lugo se siguieron los procedimientos legales. A menos que se quiera estirar el término hasta hacerlo inútil, la acción no constituyó un golpe de Estado.

Sin embargo, los países de la región fueron capaces de ver más allá de la letra de la ley y condenar una acción que, aunque constitucional, fue un atentado al principio de debido proceso, cuya importancia, especialmente en este caso, sería un error subestimar. Tratar con ligereza la destitución de un presidente electo popularmente a quien le faltaban sólo nueve meses de mandato es poco serio e irresponsable. Cualquier remoción de una persona que ocupa el cargo de presidente en un sistema n0 parlamentario acarrea importantes implicaciones para la estabilidad política de un país.

En fin, la reacción de la región fue en ese sentido ejemplar. Excepto por un pequeño detallito.

Esa sutileza de análisis no se ha aplicado a Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Ecuador.

En los casos extremos de Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, muchos de los países que ahora condenan al Congreso paraguayo no han sido capaces de entender, reconocer o llamar la atención a cosas tan básicas como la importancia de la separación de poderes en cualquier democracia.

Lo que hace pensar que esto, en el fondo, no es sutileza de análisis ni una genuina defensa de principios. En un buen número de países lo que estamos viendo es hipocresía o lealtad tribal.

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