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Jueves, 5 de noviembre de 2009

albaLa semana pasada, luego de que Estados Unidos criticara el fallo ilegal de la Corte Suprema nicaragüense que abre las puertas a la reelección presidencial, unos 300 simpatizantes del gobierno sandinista -que gritaban consignas como “¡muerte a los yanquis!”- lanzaron piedras, petardos y huevos a la embajada norteamericana en Managua. Y unos días después el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Robert Callahan, tuvo que ser protegido por la policía al salir de una universidad porque bandas pro-gobierno que protestaban en su contra le lanzaron petardos.

Cualquier presidente civilizado hubiese pedido disculpas al embajador agredido y enviado un claro mensaje a sus seguidores de que la violencia no es una herramienta válida para responder a simples críticas. Pero no Daniel Ortega. Unos días después el mandatario nicaragüense se puso del lado de los manifestantes, culpando del ataque al embajador de Estados Unidos por las críticas que hizo al fallo de la corte. “Fueron ellos [Estados Unidos] los que empezaron con la declaración de Washington [la crítica al fallo],” dijo el sábado.

Viniendo de un miembro de honor del ALBA, esta acción no sorprende. En 2008 más de veinte mil manifestantes agredieron de manera similar la embajada norteamericana en La Paz, Bolivia. ¿La razón? Un fallo de una corte judicial estadounidense otorgándole asilo político a Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Interior que es acusado en Bolivia de utilizar la fuerza armada para reprimir las manifestaciones violentas de octubre de 2003 en las que hubo aproximadamente 60 muertos y 400 heridos.

Al igual que Ortega, el gobierno boliviano se puso del lado de los manifestantes. Evo Morales convocó un día despues de la protesta al embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip Goldberg, no para excusarse por lo ocurrido, y darle garantías de protección, sino para pedirle explicaciones sobre el asilo concedido al ex ministro. Cuando el diplomático explicó que la decisión provenía de una corte independiente de su país, el gobierno declaró la respuesta no satisfactoria. Simultáneamente, varios funcionarios cuestionaron la labor del jefe de la policía que dio la orden de dispersar con gases lacrimógenos la manifestación violenta, incluyendo el ministro de Gobierno Alfredo Rada. Y poco después de estas críticas el jefe de la policía fue destituido, lo cual, en parte, hizo que Washington llamara a consultas a su embajador.

El punto aquí es el siguiente. Así uno piense que Estados Unidos comete un delito de intrusión haciendo una simple crítica a un fallo claramente inconstitucional, en el que sólo votaron seis jueces sandinistas y se maniobró para que no votaran los siete jueces de oposición. Así uno piense que Estados Unidos comete un error juzgando este fallo en el marco de otros abusos de Ortega contra la democracia, como por ejemplo el fraude de las elecciones municipales de 2008. Así uno piense que Estados Unidos ha debido extraditar a Sánchez Berzaín a Bolivia en 2008, a pesar de que el gobierno boliviano no había hecho entonces una solicitud formal de extradición al gobierno norteamericano. Así uno piense que Estados Unidos ha cometido todos estos abusos (y, si se quiere, muchos otros). Así uno piense todo esto, uno puede tambien reconocer que un presidente no debe avalar ataques violentos contra sedes diplomáticas donde trabaja personal que no está involucrado en la decisiones de política exterior del gobierno que representa. Uno puede reconocer que es un acto de barbarie responder con violencia a una mera crítica o señalamiento.

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