Todo el mundo esperaba que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano decidiera a favor del gobierno, pero no se sabía cómo. Y el “cómo” es importante porque con su última sentencia sobre la fecha de toma de posesión presidencial el TSJ no sólo interpreta retorcidamente el artículo 231 de la Constitución, también viola otro artículo gracias a esa errada interpretación. Manipula a su conveniencia un artículo y viola otro debido a esa manipulación.

Me explico.

El artículo 231 dice que el presidente tomará posesión del cargo el 10 de enero a través de un juramento ante la Asamblea Nacional, y que, si por un “motivo sobrevenido” no pudiese hacerlo en la AN, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Como ha señalado José I. Hernández, es obvio que la referencia a la AN y el TSJ tiene que ver con el dónde y no el cuándo. Si el presidente no se puede juramentar en la AN lo hará ante el TSJ el mismo 10 de enero. De lo contrario, el artículo haría una aclaratoria explícita. Presumiblemente, la idea de quienes redactaron la Constitución no era que cada ciudadano descifrara una clave secreta para interpretar cada artículo.

Pero el TSJ y el gobierno dicen que no se especifica en el artículo que la fecha de la juramentación ante el TSJ es el 10 de enero, lo cual “necesariamente” significa que es “a posteriori.” El punto y seguido que separa las dos oraciones del artículo –no bromeo– deja claro que las fechas son distintas.

Bien, sin tomar nada más en consideración esto no es meramente una aberración jurídica, sino un atentado al sentido común. Pero lo peor es que esta interpretación acarrea la violación de otro artículo de la Constitución que estipula que el 10 de enero comienza el período presidencial: ni un día ni un día menos. El período presidencial, pues, no es prorrogable ni se puede enlazar con otro saltándose la juramentación. Y, a juzgar por la sentencia, el TSJ también considera esto un “formalismo” porque, aunque dice que la toma de posesión es importante, también asegura que en “este momento” no puede adelantar cómo y cuándo se realizará la juramentación. De hecho, bajo esta lógica leguleya la postergación podría ser infinita.

Ahora bien, llama la atención que al gobierno no le conviene políticamente aplazar las elecciones. La situación económica es tan grave que el vicepresidente Nicolás Maduro podría verse obligado a implementar pronto unos impopulares ajustes, incluyendo una devaluación y recortes significativos al gasto público. El gobierno tiene todos los incentivos para hacer las elecciones lo antes posible.

¿Por qué entonces no lo hace?

Es difícil saber si la indecisión se debe a rivalidades internas, a que todavía existe incertidumbre sobre la salud de Chávez o a que Maduro, Cabello y los cubanos ya saben que el presidente está en un estado irrecuperable y no tienen idea cómo actuar. Quizá quieren ganar tiempo para tomar una decisión y este escenario “abierto” les conviene más.

En todo caso, no van a poder postergar demasiado tiempo las elecciones. Y, mientras más esperen, peor para ellos.