Lunes, 16 de noviembre de 2009
Hace ya más de un mes el director de cine, Roman Polanski, fue arrestado en Suiza a pedido de la justicia de Estados Unidos, por una violación que cometió treinta años atrás en California, delito que el propio Polanski admitió haber perpetrado antes de fugarse del país cuando un tribunal estaba a punto de sentenciarlo. Desde entonces, el debate público sobre si Polanski debe ser extraditado a Estados Unidos no ha cesado, con voces moderadas y radicales de lado y lado. Algunos aplauden la acción de las autoridades suizas, argumentando que Polanski deber pagar su error como cualquier otro criminal. Otros –entre ellos actores, directores de cine, novelistas y filósofos– han expresado su indignación ante el arresto, firmando peticiones exigiendo a las autoridades suizas la liberación inmediata del cineasta. Ambos lados han dado una demostración de cómo la razón a veces se deja esclavizar por preferencias y lealtades emocionales, así como por oxidados prejuicios.
Las reacciones más vergonzosas han provenido de defensores de Polanski, incluyendo de funcionarios del gobierno de Francia, donde ha vivido Polanski desde su fuga, y de artistas e intelectuales de Hollywood y Europa. El productor de cine estadounidense, Harvey Weinstein, se refirió a la violación como el “supuesto” crimen. La actriz Whoopie Goldberg dijo que Polanski no había exactamente violado a su víctima (“it was not rape-rape”). El ministro de Cultura francés, que no hace mucho confesó en sus memorias practicar el turismo sexual en Tailandia (con “niños”), declaró que Estados Unidos había mostrado una de sus peores caras con la solicitud de extradición. Y el filósofo francés Bernard-Henri Lévy se refirió al crimen como un “error juvenil,” a pesar de que Polanski tenía más de cuarenta años cuando ocurrieron los hechos. Con la excepción de Bernard-Henri Lévy (uno de los únicos que ha tenido la valentía de debatir públicamente en defensa de Polanski), ninguno tuvo siquiera la decencia de clarificar sus argumentos o excusarse por cuestionar la gravedad del crimen perpetrado por el director de cine.
Lo peor, sin embargo, no han sido las reacciones partidistas, irreflexivas y viscerales del establishment hollywoodense y los ministros franceses, no muy distintas en naturaleza a las de esos radicales de derecha que, con toda razón, son criticados por los mismos sectores progresistas de Estados Unidos que ahora defienden a Polanski. Tampoco es ese espíritu tribal (“no se metan con uno de los nuestros”) que destila de cada petición que busca la liberación del cineasta. Lo peor es el doble-estándar. Esa incapacidad de separar el grado de seriedad del crimen de la persona que lo comete. Porque, como ha dicho Vargas Llosa, ¿cómo hubiesen reaccionado estos artistas, políticos e intelectuales si, en vez de Roman Polanski, un cura de Boston o de Dublín estuviese al centro de esta controversia? ¿Qué hubiesen dicho si las autoridades francesas, por ejemplo, hubiesen arrestado a un cura de Massachussets con la intención de extraditarlo a un país donde éste fue acusado treinta años atrás de haberse violado y haber sodomizado a un niño de trece años? ¿Hubiesen sido tan generosos con el cura? Lo dudo. Al igual que Vargas Llosa, pienso que no hubiesen simplemente callado. Lo más probable es que sus condenas al cura hubiesen sido tan estridentes como las de los que ahora piden la cabeza de Polanski.
Sin embargo, nada de esto debe cegarnos al hecho de que hay elementos cuestionables en el arresto y la solicitud de extradición. Para mí el centro del debate no es sobre si hubo o no hubo crimen, ni mucho menos sobre la gravedad de éste. Polanski drogó, se violó y sodomizó a una niña de trece años, y luego despejó dudas acerca de su responsabilidad declarándose culpable ante una corte. En cualquier país del mundo, independientemente de su cultura, costumbres o religión, esta acción debe ser considerada un grave crimen y quienes la cometen deben ser castigados. Sobre este punto no veo discusión posible.
Lo que sí me parece discutible es el propósito y el timing del castigo, puntos que los defensores de Polanski han torpemente entremezclado con cuestionamientos ambiguos y esquivos sobre los cargos que se le imputan. El problema es el siguiente: los castigos legales deben tener tres motivaciones: prevenir nuevos crímenes, rehabilitar a los criminales y demostrar a los que no han cometido crímenes que, sí los cometen, tarde o temprano van a pagar. En el caso de Polanski, que tiene 76 años, no ha perpetrado otro crimen en los últimos treinta años y no representa ningún riesgo para Estados Unidos (porque no vive allí), los argumentos de prevención y rehabilitación no tienen ningún peso. Y, si el argumento es demostrar a otros ciudadanos estadounidenses que nadie está por encima de la ley, ¿por qué se esperó tanto tiempo para solicitar la extradición a Suiza, donde el director tiene una casa de vacaciones que visita con regularidad? ¿No es el timing del arresto un poco arbitrario, como nunca lo debe ser la aplicación de la ley? Dejando de lado consideraciones políticas o electorales (algunos dicen que la persona que solicitó la extradición busca una reelección), el castigo tiene un sabor vindicativo. La intención pareciera ser castigar por castigar, o castigar por simple revanchismo, algo que me parece éticamente cuestionable. El objetivo de un sistema de justicia no debe ser hacer sufrir a los criminales, sino meramente disminuir, prevenir y frenar el crimen.
Por otro lado, en Estados Unidos se cometen muchos más crímenes de los que la justicia está en capacidad de procesar. Por eso el deber de cada fiscal debe ser considerar cuidadosamente la importancia de la ofensa, el peligro que representa el criminal en cuestión, los gastos que se deben invertir en el caso y otros factores como la suficiencia de evidencia, la posibilidad de una sentencia, etcétera. Considerando que Polanski no vive en Estados Unidos y no representa un riesgo ni siquiera en Francia; considerando que crímenes muchos peores que el de Polanski prescriben –en Estados Unidos– después diez o quince años; y considerando el trauma que podría infligir el encarcelamiento de Polanski en su familia, es bastante difícil de creer que el fiscal que solicitó la extradición no pueda encontrar una mejor manera de invertir su tiempo y los recursos públicos. Por más culpable que sea Polanski, su caso no debería estar siquiera en la lista de casos prioritarios.
Una última observación. Hace unas semanas leí un excelente reportaje en The Economist sobre las injustas leyes sexuales en Estados Unidos que me inspiró a escribir un artículo. El reportaje cuenta cómo estas duras leyes han prácticamente arruinado la vida de miles de estadounidenses que han cometido “ofensas” sexuales como orinar en público o tener relaciones sexuales consensuadas con sus parejas antes de la mayoría de edad. Leyendo sobre Polanski, varias veces me he preguntado qué pensarán de los defensores del cineasta las centenas de víctimas que han sido brutalmente castigadas por delitos mucho menores en gravedad que el cometido por Polanski. Me preguntó si no pensarán que, antes que defender a Polanski (que realmente cometió un crimen inexcusable), o al menos a la par de esta defensa, no sería bueno que artistas y intelectuales circularan peticiones para reformar estas leyes sexuales contraproducentes e inhumanas. Es cierto que quizá muchos defensores de Polanski no conocen cuán injustas pueden ser estas leyes. Pero quizá ahora, que repentinamente se han despertado sus instintos justicieros, es un buen momento para informarse.
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