Lunes, 26 de julio de 2010

Con respecto a las relaciones entre Venezuela y Colombia, ¿cuál fue la noticia más importante de la semana pasada?

Ciertamente, no fue el timing del gobierno de Colombia para presentar las denuncias ante la OEA, lo cual ha generado en Colombia y Venezuela un debate sobre lo que está ocurriendo tras bastidores en la relación entre Santos y Uribe.

Tampoco fue si la decisión de Álvaro Uribe fue o no fue acertada, o si disminuyó las posibilidades de un restablecimiento de las relaciones comerciales.

Ni mucho menos fue la decisión de Venezuela de romper relaciones diplomáticas (¿por tercera vez? ¿cuarta?) con Colombia.

La verdadera noticia fue la combinación de la sustancia misma de las denuncias de los colombianos con la negativa de los demás miembros de la OEA a tomar en serio estas denuncias.

Porque, si los demás países hubiesen tomado en serio las acusaciones de Colombia, ¿no ha debido haber a lo sumo un ligero movimiento para presionar a los venezolanos para que acepten el ingreso de una comisión de verificación? ¿Por qué, si todo es un montaje, el presidente Chávez no acepta el ingreso de la comisión y así desnuda de una vez la maniobra de Colombia? ¿Por qué nadie en la OEA se ha atrevido siquiera a sugerir esta posibilidad? Desde la perspectiva de un tercero, ¿no es acaso la comisión de verificación (sobre todo si se duda de la palabra de Colombia) la manera más fácil y rápida de solucionar esta crisis?

Las reacción de Brasil, España, Republica Dominicana e Insulza (llamando a las dos partes a dialogar) ha sido neutral. Pero en este caso “neutral” sólo puede ser interpretado como una manera elegante de expresar escepticismo hacia las denuncias del gobierno de Uribe, o como una actitud vergonzosamente permisiva hacia Venezuela.

Repito. Las denuncias de los colombianos -así ya sean harto conocidas- son muy serias. Aseguran que un grupo guerrillero, que buscar derrocar violentamente a gobierno democrático, tiene más de 80 campamentos en Venezuela, desde donde planifican actos terroristas dentro de Colombia. Aseguran que las FARC, que secuestra y asesina a civiles, recluta niños y participa en el comercio ilícito de drogas, tiene en territorio venezolano 1500 guerrilleros, entre el 15 y 20 por ciento de sus fuerzas.

Y retan a la comunidad de internacional a probar la veracidad de sus acusaciones enviando una comisión (dando, incluso, coordenadas específicas de los campamentos).

Considerando entonces la seriedad de estas denuncias, ¿cómo es posible que no se haya presionado a Venezuela para que acepte el ingreso de esta comisión? ¿Cómo es posible que varios miembros importantes de la OEA hayan armado una algarabía por el acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia, exigiéndole a Álvaro Uribe garantías de no intervención, y ahora se limiten a pedir que ambas partes se sienten en una mesa a dialogar? ¿Cómo se puede aceptar tan pasivamente la posibilidad de que un grupo de guerrilleros criminales planifique ataques en Colombia desde territorio venezolano?

Para mí esto -la manera como se han desestimado en la OEA las denuncias de Colombia- ha sido la noticia de la semana. Pero medios tan prestigiosos como El País y The Economist difieren. En vez de enfatizar en sus editoriales este punto (con el que estoy seguro que concuerdan), se han dedicado a pedirle a Uribe que ceda espacio a Santos para gobernar.

Como si ello, sin su presión, no fuese a ocurrir.

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