Martes, 30 de abril de 2013

Hasta hace poco el gobierno en Venezuela se había preocupado por guardar ciertas formas; por preservar ciertas garantías que le permitían revestir con una pátina de legitimidad democrática su naturaleza profundamente autoritaria.

Pero desde las elecciones del 14 de abril la situación ha cambiado. No sólo el gobierno ha dejado de preocuparse por guardar formas, también se ha vuelto más represivo, vil, arbitrario, gangsteril, discriminador.

Ha aprovechado tragedias para cumplir objetivos políticos; ha emplazado a medios de comunicación a que tomen partido; ha amenazado públicamente a Capriles con ponerlo tras rejas; ha despedido a empleados públicos por su manera de pensar; le ha quitado el derecho de palabra y desprovisto de su salario a los diputados opositores en la Asamblea Nacional; los ha destituido de las presidencias de las comisiones; ha advertido que no le enviará recursos a los gobernadores que no reconozcan al presidente; ha detenido a dos personas, incluyendo un ciudadano estadounidense, sin revelar pruebas que justifiquen las detenciones.

Y ahora, bajo la dirección de Diosdado Cabello, ha ordenado una brutal agresión física a los diputados opositores en pleno hemiciclo de la Asamblea Nacional. Incluso una mujer, María Corina Machado, fue golpeada por diputados del oficialismo y, al parecer, guardaespaldas de los legisladores. Todo esto mientras Diosdado Cabello se reía.

Ninguna de las democracias más avanzadas del continente -Chile, Uruguay, México, Costa Rica, Brasil, Panamá, Colombia- ha siquiera asomado una crítica ante los sucesos de las últimas dos semanas.

¿Qué debe pasar para que los países vecinos levanten la voz? ¿Hasta qué punto podrán seguir estirando su silencio?

En este momento, la presión internacional es una de las maneras más efectivas de ponerle freno al gobierno.

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