Concertación y revolución

Lunes, 15 de diciembre de 2008

El espectáculo postelectoral que ha protagonizado el presidente Chávez es una muestra más de que la palabra “pacto” no existe en esa especie de newspeak revolucionario con el que se expresa buena parte del oficialismo.

O, dicho de otro modo, es una muestra de que el Presidente ve la política como una guerra en la que no hay espacio para la concertación y el compromiso, y en la que la ley está subordinada a las dinámicas del conflicto.

También es una muestra de que la ley es cada vez más un mero instrumento del gobierno para institucionalizar el ventajismo y para recubrir con un barniz civilizado sus abusos y tropelías.

Está el caso de la alcaldía de Maracaibo, donde el rival de Chávez, Manuel Rosales, derrotó al candidato del oficialismo, y donde un poco antes de las elecciones, y en el breve período de transición, se saqueó la sede de la alcaldía de computadoras y muebles, y se transfirió ilegalmente al poder central, o a municipalidades chavistas, importantes dependencias de la alcaldía como el polideportivo Luis Aparicio y el planetario Simón Bolívar.

Está el caso de la gobernación de Miranda, donde también triunfó la oposición, y donde la transferencia de dependencias al poder central, incluyendo los veintiún hospitales bajo la tutela del gobernador, fue aún más grosera y abusiva.

Allí el gobernador saliente, Diosdado Cabello, firmó unos días antes de las elecciones un convenio para transferir autobuses del transporte público al Ministerio de Infraestructura, donde Chávez lo nombró titular después de su derrota.

Allí se saquearon varias instalaciones de cuadros, muebles, neveras y sistemas de aire acondicionado, y se despojó a la Policía de Miranda de trescientas armas, limitando la capacidad de acción del cuerpo de seguridad de uno de los estados más violentos de América Latina.

Está el caso de Petare, donde el alcalde opositor recién electo ha denunciado la desaparición de dieciséis camiones de recolección de basura, así como la intempestiva jubilación de seiscientos docentes que vació las escuelas de profesores porque no se dejaron sustitutos para estos puestos.

Esta jubilación revela los extremos siniestros adonde es capaz de llegar la imaginación de algunos chavistas, pues ¿quién será el mal visto si se revocan estas jubilaciones? ¿Y de dónde se va a sacar el dinero para pagar las jubilaciones y a la vez los sueldos de los nuevos profesores?

Por supuesto, la intención de estos abusos es impedir que la oposición siga, poquito a poquito, erosionando las barreras que el oficialismo ha erigido para blindar su poder. Pero quizá estas acciones son también producto de un impulso más primitivo y elemental, propio de esos hombres pequeños que, muy en el fondo, se sienten inseguros de su intelecto y capacidad de alcanzar metas, y por eso ven a la gente competente como una amenaza personal.

¿A qué me refiero? Al miedo a que otros lo hagan mejor; a que otros, con una buena gestión, rasguen el velo de su mediocridad.

Mientras todo esto ocurre, el discurso del Presidente ha ido en dirección contraria a la realidad. Ha dicho que los alcaldes y gobernadores de oposición han iniciado un plan de destrucción de sus programas sociales y denunciado ataques específicos que nunca han ocurrido.

Ha dicho sin presentar pruebas que la intención de la oposición es utilizar los espacios ganados para derrocarlo.

Ha inventado, una vez más, una realidad con la que, a fuerza de repetición, pretende sustituir la realidad real, y que, en varios discursos, en los que parece hablar bajo el hechizo de su propia (y falsa) sinceridad, ha utilizado para justificar una enmienda constitucional que le permita permanecer en el poder al menos una década más de la que ya lleva.

Hay quienes dicen que a Chávez, pese a todo, se le debe reconocer una vocación social. Hay quienes dicen que, así sus programas sociales sean ineficientes y no ataquen las causas estructurales de la pobreza, al Presidente debe se le reconocer su preocupación por los pobres, y el hecho de que los ha desplazado al centro de la política.

Este argumento nunca me ha convencido, y leyendo sobre estos abusos postelectorales, comprendí por fin la razón. El problema reside en que la pregunta importante no es si Chávez tiene o no tiene vocación social. La pregunta importante es si, por su afán de acumular poder y permanecer en la Presidencia, Chávez está dispuesto a sacrificar esta vocación. La pregunta clave es si Chávez está dispuesto a ayudar a los pobres independientemente de lo que ellos piensen sobre él.

¿Lo está? La respuesta está ahí, en la acción mezquina de despojar a las alcaldías donde la oposición ganó de camiones de basura, afectando no sólo a los que votaron por la oposición, sino también a los que votaron rojo.

Está en el saqueo de cuentas que perjudicó a empleados públicos que trabajaron, durante años, al lado de esos alcaldes y gobernadores que, como regalito de despedida, decidieron robarles la última quincena.

Está en la negativa a entregar al estado Zulia los recursos que le corresponden por ley constitucional, que ha puesto en entredicho los aguinaldos de 55 mil familias, muchas de ellas de bajos recursos.

Una vocación social no vale mucho cuando se sacrifica por tan poco.

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