Viernes, 28 de diciembre de 2007
Choque en la UCV
Los sucesos violentos en la Universidad Central de Venezuela el pasado 7 de noviembre, reseñados en medios de todo el mundo y que dejaron como saldo doce heridos, incluyendo tres de bala, comenzaron con agresiones a estudiantes que regresaban de una marcha al Tribunal Supremo de Justicia, adonde habían ido a pedirle a la máxima instancia judicial que aplazara el referendo para aprobar o no la propuesta de reforma constitucional del presidente Hugo Chávez.
Eleazar Narváez, vicerrector de la UCV, me cuenta que entre una y media y dos de la tarde llegó información a la oficina del vicerrectorado de que había refriegas violentas en el edificio de la escuela de Trabajo Social de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales, escuela considerada por algunos estudiantes y profesores de la universidad como un semillero del chavismo radical.
El conflicto, me explica Narváez, no comenzó en Trabajo Social. Pero los agresores, un grupo de personas armadas y encapuchadas, salían y entraban de ese edificio. Como los estudiantes agredidos no se dejaron intimidar, y decidieron enfrentar a los agresores a pesar de que no tenían armas, el foco de violencia se fue desplazando poco a poco a Trabajo Social.
Cuando Narváez llegó al lugar, ya los agresores habían trancado las puertas del edificio, temiendo que los lincharan. Según testigos, el grupo de Trabajo Social había iniciado la violencia. Pero ahora la zona universitaria se había convertido en un campo de batalla, con violencia de lado y lado. Narváez escuchó gritos y disparos, y vio jóvenes lanzando piedras al edificio.
En videos tomados por varios estudiantes ese día, se observan los excesos de algunos de los jóvenes que rodeaban Trabajo Social. Se escucha a uno diciendo “¡vamos a matarlos!…” Otro exclama “no puede ser que nadie tenga una pistola.” Una mujer dice “hay gente inocente allá dentro,” y un joven, rabioso, responde, “¡me sabe a culo que haya gente inocente!…”
Preocupado por la situación, Narváez dice que se comunicó con varios funcionarios públicos: el alcalde metropolitano, Juan Barreto, el ministro de Educación Superior, Luis Acuña, el vicepresidente, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Pedro Carreño.
Como la ley no permite que fuerzas de seguridad del Estado entren a una universidad autónoma a menos que lo pida el rector, todos le asoman la posibilidad de una intervención de la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional –que ya para entonces bloqueaban las principales entradas de la universidad. Pero Narváez dice que no. Una intervención de la policía, me explica, podría haber dejado un saldo de varios muertos y ser vista por los estudiantes como una violación a la soberanía universitaria.
El jefe de Protección Civil, Antonio Rivero, llegó en ese momento para tratar de controlar la situación. Rivero cuenta que con la ayuda de los bomberos logró entrar a Trabajo Social trepándose por la parte trasera del edificio. Su intención era mediar con el grupo armado para dejar salir a los profesores, estudiantes y trabajadores inocentes que se encontraba en la escuela.
Trató de conversar con miembros del grupo, pero no le dio tiempo de llegar a un acuerdo. En medio de las negociaciones, llegó una banda de motorizados armados para rescatar a los agresores (ese fue el segundo rescate del día, pues unos motorizados ya habían rescatado en la Dirección de Seguridad de la universidad a uno de los responsables de la quema de un autobús).
No se sabe con exactitud cuántos motorizados eran. Rivero dice que eran como veinte. Narváez dice que eran como cuarenta. Cualquiera que fuese el número, el despliegue de esa gavilla de motorizados, que disparaban al aire y lanzaban bombas lacrimógenas, debió ser intimidante. Narváez me cuenta que ante la llegada del grupo “todos corrimos para salvar nuestras vidas.”
Algunos medios informaron que la policía y la Guardia Nacional, que bloqueaban las principales entradas de la universidad, dejaron ingresar las motos, muchas de ellas sin placas. El jefe de Protección Civil dice que eso es falso. Asegura que los motorizados no entraron por las entradas principales, sino por caminos verdes. Pero otros insisten en que la policía los dejó pasar, señalando como prueba el hecho que al menos uno de los motorizados iba en una moto de la Policía Metropolitana.
¿Quiénes eran los motorizados? Algunos estudiantes, entre ellos el presidente de la Federación de Centros Universitarios, Ricardo Sánchez, dicen que eran del Colectivo Alexis Vive, un grupo armado del barrio 23 de enero que muchos vinculan con el gobierno. Narváez dice que no sabe quiénes eran, pero señala que no le sorprendería que tuviesen lazos con el oficialismo. “¿Quién les compra esas armas?” me pregunta. “¿Quién paga las bombas lacrimógenas?”
Narváez, además, tiene otra razón para fundamentar sus sospechas. En las conversaciones que sostuvo con Carreño en medio del conflicto, el ministro de Interior le ofreció mediar con el grupo armado que estaba en Trabajo Social. “Él me dio a entender que ellos tenían la posibilidad de comunicarse y hablar con estas personas que estaban allí armadas.”
Carreño niega la acusación de Narváez. Pero el 8 de noviembre, un día después de los sucesos, dio unas declaraciones en las que retrató como víctima al grupo armado. Señaló que de no haber sido por la actuación de la dirección de Protección Civil, se habría producido un linchamiento de los estudiantes que pegaban propaganda a favor de la reforma y que fueron obligados a encerrarse en Trabajo Social, aunque no aclaró porque, si sólo “pegaban propaganda,” estaban armados y encapuchados.
Esta reacción de Carreño fue reveladora. Entre los heridos de bala no había ninguno que perteneciera al grupo atrincherado en Trabajo Social. El jefe de Protección Civil, Antonio Rivero (a quien el ministro Carreño alabó por su labor ese día), dice que, según lo que él pudo ver, sólo el grupo de Trabajo Social portaba armas. La miríada de fotos y videos que se tomaron ese día, así como los numerosos testimonios de las personas que presenciaron los sucesos, parecieran corroborar la impresión de Rivero. Pero Carreño de igual modo pintó a estas personas como víctimas y no se pronunció en contra de la ilegal acción de rescate de los motorizados.
La línea de Carreño también la asumió el canal estatal Venezolana de Televisión, en el que se transmitió más tarde ese día una entrevista con uno de los jóvenes que participó en el rescate, el estudiante de la UCV, José Félix Valero, que aparece con una pistola en uno de los videos (con la misma camisa con la que apareció luego en televisión). En el programa, que se llama “Contra-golpe,” Valero describió con orgullo cómo formó parte del equipo que rescató a los agresores de Trabajo Social.
Y esta línea también la asumió el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural (órgano adscrito al Ministerio de Cultura), José Manuel Rodríguez, que el 21 de noviembre mandó una carta al rector de la UCV, Antonio París, denunciando que se había tratado de linchar a estudiantes que estaban dentro de la escuela de Trabajo Social, y que tal barbaridad no se había consumado por la acción de un grupo de motorizados que llegó a rescatar a los estudiantes.
El presidente Chávez no se pronunció sobre lo ocurrido el 7 de noviembre en la UCV, pero el domingo anterior, el 4 de noviembre, dio una declaraciones en un mitin que fueron un abreboca al brote de violencia en la universidad.
“En el supuesto que esta minoría fascista logre llenar de violencia las calles, les pasaremos por encima,” amenazó Chávez. “Imagínense un millón de personas marchando por el Este [de la ciudad] quemando chaguaramos y palmeras. Ese millón seríamos nosotros, no serían ustedes, porque no llegan a un millón. No quedaría piedra sobre piedra de esta apátrida oligarquía.”
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