Martes, 9 de marzo de 2010
¿Hasta dónde llega la paciencia del gobierno español con Hugo Chávez? ¿Cuánto está dispuesto a soportar para resguardar los intereses económicos de España en Venezuela?
Un repaso de los hitos de la última semana:
El lunes primero de marzo el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional divulga un auto judicial en el que acusa al gobierno venezolano de amparar una alianza estratégica entre ETA y las FARC. Inmediatamente, Zapatero pide “una explicación” al gobierno venezolano sobre las acusaciones del auto.
El miércoles Chávez responde desafiante que no tiene nada que explicar al gobierno español sobre el auto y le exige a Zapatero que respete la soberanía del pueblo y del gobierno de Venezuela.
El jueves el canciller español, Miguel Ángel Moratinos, aclara que no se le pidió a Venezuela “explicaciones sino solamente una información” sobre los lazos entre ETA y las FARC. El presidente Chávez se declara satisfecho con la aclaratoria del canciller. “La respuesta…ha sido aceptable porque han dicho voceros del gobierno español que Zapatero no pidió explicaciones, sino informaciones. Eso es otra cosa.”
El sabado España y Venezuela emiten un comunicado conjunto en el que ambos gobiernos expresan su voluntad de seguir luchando contra ETA y de cooperar con la Audiencia Nacional para despejar dudas acerca de la investigación de la alianza entre esta banda terrorista y las FARC.
El domingo Zapatero reitera (contradiciendo sin darse cuenta a su canciller) que pidió explicaciones sobre las acusaciones del auto al gobierno de Venezuela, pero resalta la condena al terrorismo y el rechazo “sin paliativos” a las actividades de ETA por parte del gobierno venezolano. También explica que Venezuela “refuta no al mensajero sino al mensaje.”
Casi simultáneamente, el presidente Chávez publica una columna acusando al mensajero (el juez Velasco) de vínculos con el PP, partido que, según él, es “heredero del franquismo,” “encubre los crímenes perpetrados por la dictadura de Franco” y representa la “derecha mas cavernaria.” Venezolana de Televisión divulga el mismo día unas declaraciones del canciller venezolano, Nicolás Maduro, acusando al magistrado de formar parte de la “mafia” del ex presidente español, José María Aznar, “hijo directo de la dictadura franquista.”
El lunes Zapatero dice que “no le parecen aceptables” las críticas de Maduro contra Aznar y Velasco, pero recuerda que Venezuela ha condenado a ETA, rechazado el terrorismo y desmentido su posible colaboración con la alianza entre ETA y las FARC.
Conclusión: Telefónica, el BBVA, Navantia, Mapfre, Elecnor, Iberdrola y Repsol deben saber que el gobierno español está haciendo todo lo posible por no poner en riesgo las actividades de estas empresas en Venezuela, incluyendo soportar las groserías y el volátil humor de Chávez, y pasar por alto los vínculos del gobierno venezolano con ETA y las FARC. Pero la prensa española, y sobre todo Chávez, están complicando esta tarea.
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