Miércoles, 4 de mayo de 2011
El progreso que ha hecho el Perú en la última década es impresionante. En el lado político la diferencia es del día a la noche. Después de la década oscura de los noventa, el país goza hoy de una amplia libertad de expresión, un poder judicial independiente, unas fuerzas armadas despolitizadas, y elecciones libres y justas. En el plano económico el progreso también es notable. El Perú tiene las más altas tasas de crecimiento económico del hemisferio, ha reducido la pobreza de más del cincuenta por ciento a un tercio de la población y en los últimos cinco años ha escalado veinticuatro posiciones en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. ¿Cómo se explica, entonces, que los peruanos estén obligados a escoger en la segunda vuelta presidencial del 5 de junio entre un militar radical nacionalista y la hija de uno de los peores dictadores que ha tenido el Perú en su historia republicana?
En 1996 un profesor de una escuela secundaria en Georgia, Estados Unidos, apagó las luces de un salón de clase para que los estudiantes pudieran ver mejor un video. Wendy Whitaker, que entonces tenía 17 años de edad, estaba sentada en la parte de atrás del salón. Un amigo le sugirió que podían aprovechar la oscuridad para tener sexo oral. Y, sin saber que estaba cometiendo el error más costoso de su vida, Whitaker aceptó. Hoy, casi quince años después, todavía está sufriendo las consecuencias de esa imprudencia juvenil.
El 11 de abril de 2002 casi un millón de venezolanos marcharon al palacio de Miraflores en Caracas para exigir la renuncia del presidente Hugo Chávez, a quien la mayoría de la manifestantes responsabilizaba entonces de un progresivo desmantelamiento de la democracia. Cuando la marcha estaba cerca del palacio, estalló un tiroteo que duró varias horas y dejó un saldo de 19 muertos y más de 150 heridos. Un video transmitido en los canales de televisión mostró a pistoleros chavistas disparando contra la marcha pacífica y la transmisión afectó seriamente la imagen del gobierno. Horas después un general apareció en la televisión anunciando que el alto mando militar le había pedido la renuncia a Hugo Chávez y que él la había aceptado.
Aunque ha sido “por ahora” engavetado, el proyecto de Ley contra Delitos Mediáticos, presentado al Congreso por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, debe ser visto como una seria amenaza a la libertad de expresión en Venezuela. Las definiciones de “delito mediático” y “medio de comunicación” son tan amplias y poco específicas que acciones inofensivas podrían ser penalizadas. Cualquier denuncia podría ser interpretada como un atentado contra la paz social, el orden público o la salud mental. Cualquier crítica al gobierno podría ser vista como una acción para promover el odio, la hostilidad y la violencia. Incluso la omisión voluntaria de informaciones –que a veces es difícil de separar de la incompetencia y la flojera– podrían ser castigadas con varios años de cárcel.