Viernes, 17 de abril de 2009
La semana pasada el congreso venezolano aprobó la ley de Distrito Capital, la última sarta de una cadena de vapuleos y atropellos que ha sufrido la alcaldía Metropolitana desde que la oposición la recuperó en las elecciones regionales de noviembre. La ley establece que la actual sede de la alcaldía –tomada desde diciembre por hordas chavistas con anuencia de la policía– será ahora la sede del jefe del Distrito Capital, una nueva figura designada por el presidente. También transfiere al Distrito Capital casi todo el presupuesto de la Alcaldía Metropolitana, lo que significa que posiblemente buena parte de los cuarenta mil empleados de la alcaldía quedarán sin trabajo. La ley es un paso más en el proceso de centralización que, en los últimos meses, ha despojado a alcaldes y gobernadores de muchas de sus competencias, incluyendo puertos, aeropuertos, autopistas, policías, líneas de transporte y hospitales.
En combinación con esta arremetida centralizadora, el gobierno también ha dado pasos firmes para criminalizar a la disidencia. El general Raúl Isaías Baduel, que pasó de ser “héroe” a “traidor” de la revolución por romper con el gobierno en 2007 y luego asumir una postura crítica, fue detenido “preventivamente” (todavía no se le han imputado cargos concretos) por supuesto enriquecimiento ilícito durante su gestión como ministro de Defensa. Cinco de los diez líderes más notorios e influyentes de la oposición están siendo asediados con investigaciones, incluyendo tres de los cinco gobernadores opositores y el editor del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, a quien recientemente se le acusó de no haber pagado impuestos de sucesiones. Algunos de estos líderes y sus familiares son espiados y vigilados día y noche por los servicios de inteligencia.