Martes, 28 de agosto de 2007
Desde que estalló el escándalo del “hombre del maletín,” después de que autoridades aduaneras en Argentina incautaran al empresario venezolano Guido Antonini Wilson un maletín con 800 mil dólares, han surgido una cantidad de informaciones que vinculan al empresario con funcionarios públicos. Sabemos que en los últimos dos años Antonini Wilson hizo varios viajes a Argentina y Uruguay en los que se hospedó en habitaciones de hotel pagadas por Petróleos de Venezuela. Sabemos que el empresario tenía (¿tiene?) inversiones en PDVSA, y sabemos que es asesor de la vicepresidencia de Venoco, empresa petroquímica que para sobrevivir –nos lo dijo su presidente– necesita estar de buenas con el gobierno. También sabemos que es socio de dos personajes sospechosos, Wladimir Abad y Franklin Durán, uno con contratos millonarios con una de las misiones de Chávez, y el otro enredado en un escándalo relacionado a una compra de armas del gobernador chavista de Cojedes.
Sin embargo, ninguna de estas informaciones hacía falta para que el gobierno venezolano reaccionara con inmediatez y contundencia ante lo sucedido en el aeropuerto de Buenos Aires. Sólo bastaba el comunicado de Enarsa, en el que la estatal argentina informó que en el avión alquilado por ellos no sólo iban Guido Antonini Wilson y funcionarios de la empresa, sino también tres empleados de PDVSA y el hijo de diecinueve años de Diego Uzcátegui, vicepresidente de esta compañía. Sólo bastaba saber que, según la estatal argentina, fue el hijo de Uzcátegui el que abusó de la buena fe de los funcionarios de Enarsa y montó en el avión a Antonini Wilson. Sólo esas dos informaciones bastaban para que el gobierno venezolano abriera inmediatamente una investigación y pidiera en voz alta la renuncia de Uzcátegui y los tres funcionarios que iban en el avión con el hombre del maletín.